El principal acusado por el caso de la avalancha que dejó cinco estudiantes muertas en el coliseo de la Universidad Autónoma Tomás Frías, Mauricio Nicolás Quintanilla (“El Motín”), enfrentó una audiencia de revocatoria de medidas cautelares tras haber violado su detención domiciliaria, pero no fue enviado a prisión.
El Ministerio Público, a través del fiscal Efraín Rocha, demostró que el pasado sábado el investigado por el caso avalancha abandonó su domicilio en el que guardaba la detención domiciliaria y estuvo consumiendo bebidas alcohólicas en compañía de compañeros en una vivienda de la zona Villa Mecánicos.
Esa actividad se habría desarrollado violando su detención domiciliaria lo cual fue considerado por el Ministerio Público como un riesgo y peligro de fuga, ya que el custodio informó que el detenido se había dado a la fuga.
Los miembros del Tribunal de Sentencia Número 1, con el voto disidente de uno de sus miembros, consideró que el imputado por el caso avalancha violó las normas de la detención domiciliaria, pero no se comprobó que hubiera estado en afanes de fuga o de obstaculización del proceso investigativo.
Incluso se llegó a señalar que en el momento en el que fue aprehendido saliendo de un domicilio particular en completo estado de ebriedad no tenía en su poder un bolso para viajar o un pasaje para darse a la fuga.
Los abogados defensores destacaron que el imputado en todo momento se sometió a la acción de la justicia y que en ningún momento incumplió las citaciones a audiencias y otros.
RESOLUCIÓN
La presidenta del Tribunal de Sentencia Número 1, Jeovana Alarcón, destacó que agravó la situación del acusado, se mantiene la detención domiciliaria de Mauricio Nicolás Quintanilla, se le quita el derecho a salida para estudiar y se le asigna dos custodios en lugar de uno.
Asimismo, indicó que el investigado deberá presentarse ante el Ministerio Público diariamente para control jurisdiccional.
La audiencia se desarrolló desde las 10:00 hasta las 16:00, tiempo en el que el Ministerio público fundamentó los riesgos que conlleva que el imputado tenga la facilidad de violar la detención domiciliaria.
