La Defensoría del Pueblo impulsa espacios de diálogo ante la conflictividad suscitada en el municipio de Ocurí, respecto a la toma del edificio municipal y el bloqueo de la carretera diagonal Jaime Mendoza por pobladores de la comunidad de Maragua que exigen la renuncia de las y los concejales municipales. 

El diálogo impulsado como mecanismo de concertación y búsqueda de soluciones, fue activado mediante el trabajo conjunto de la Delegación Defensorial Departamental de Potosí y la Coordinación Regional Defensorial de Llallagua, informó la institución en una nota de prensa.

“Sostuvimos reuniones con los dirigentes y las autoridades municipales haciendo notar que los acuerdos que firmaron como gestión compartida están fuera de la Constitución y que cualquier conflicto se puede solucionar con diálogo” dijo el Coordinador Regional Defensorial de Llallagua, Cesar Villca, luego de hacer verificaciones en el municipio de Ocuri donde también se socializó el marco normativo sobre acoso y violencia política hacia las mujeres.

Al respecto, la Delegada Defensorial de Potosí, Jackeline Alarcón, de forma paralela sostuvo reuniones con el alcalde, concejalas y concejales del municipio de Ocuri, y recibió información sobre el conflicto en dicho municipio. 

“Convocamos a las autoridades municipales y representantes de los sectores movilizados a un espacio de diálogo para hoy en el municipio de Llallagua, un lugar neutral para escucharlos y llegar a acuerdos por el bien del municipio y la comunidad” dijo Alarcón.

Al cierre de la nota, las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Ocuri, se hicieron presentes a la convocatoria; sin embargo, los dirigentes y personas movilizadas no asistieron y vía telefónica hicieron conocer que están dispuestos al diálogo, pero en uno de los municipios de la provincia Chayanta. Desde la Coordinación Regional Defensorial de Llallagua, se informó que se mantiene coordinación con ambas partes del conflicto para fijar fecha y lugar de la nueva convocatoria.

La Defensoría del Pueblo reitera que todo acto que genere la renuncia de concejales incurre en un ilícito que está sancionado por las normas vigentes, tanto la Ley N° 243 contra el Acoso y Violencia Política hacía las mujeres como la Ley del Régimen Electoral 026 en sus Artículo 238 inc. p) referido al acoso político; por lo que continuará con el seguimiento del mismo en resguardo de los derechos de las Concejalas municipales.

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