Pese a los altos beneficios que obtuvieron en los últimos años, como resultado de las buenas cotizaciones de los minerales, muchas empresas e ingenios mineros recibieron trato preferente de las instituciones de servicio, como la Administración Autónoma Para Obras Sanitarias (Aapos) y Servicios Eléctricos Potosí S.A. (Sepsa). Entre estas se encuentra la empresa minera Manquiri, que trabajó en el beneficio de los desmontes del Cerro Rico hasta el 25 de septiembre.

El trato diferenciado al sector minero se hizo evidente a raíz de la sequía cuando, indignados por las restricciones en la distribución de agua potable, varios vecinos protestaron por el hecho de que los ingenios mineros seguían recibiendo agua, y en grandes cantidades. Aunque advirtieron que la medida iba a traducirse en una merma de sus ingresos, Aapos cortó el servicio de agua a 13 ingenios mineros y anunció procesos contra algunos exgerentes por haberse evidenciado que estos autorizaron tomas directas desde la aducción de agua potable hacia esos establecimientos industriales.  

Los ingenios mineros utilizan el agua para el procesamiento de los minerales y, generalmente, se emplea grandes cantidades para ese fin.

DAÑO ECONÓMICO

Ayer, la concejala Mirtha Guzmán denunció que, según información confirmada por Sepsa, un total de 16 ingenios no pagaron el 13 por ciento de su consumo, que es el porcentaje destinado a cubrir los costos del alumbrado público.

La iluminación de calles, parques, plazas y otros espacios públicos es un servicio que deben pagar todos los ciudadanos y su cobro se efectiviza mediante las facturas por el consumo de electricidad. La aplicación de una medida porcentual ayuda a que el costo se cubra de manera equitativa, pero Guzmán ha encontrado que por lo menos 16 ingenios mineros no cumplieron esa obligación. 

El promedio que pagan los otros ingenios es de 15.000 Bolivianos mensuales, monto que debe multiplicarse por los 16 ingenios que no cumplían esa obligación, y el resultado es de 240.000 Bolivianos al mes, como pérdida. En un año, eso representa 2.288.000 Bolivianos de pérdida para la región.

La concejala dijo que ha solicitado un informe de Sepsa con el fin que la empresa de servicio informe por qué suministraba sus servicios a unas personas sí, a otras no, en un acto de aparente trato discriminatorio.

Entre los usuarios que se beneficiaron con la vista gorda de Sepsa se encuentra Manquiri, cuyo volumen de operación es mayor que los de las otras entidades vinculadas a la minería, pero, aun así, nunca pagó un centavo por el alumbrado público.

El supuesto trato que habría recibido Manquiri también fue mencionado ayer por la presidenta del Comité Cívico Potosinista, Roxana Graz, quien confirmó la versión de Guzmán en el sentido de que Manquiri no pagó por el alumbrado público durante el tiempo que duró su contrato. 

El contrato se cumplió el 25 de septiembre y, según Graz, Manquiri está ejerciendo presión sobre la Corporación Minera de Bolivia para suscribir una adenda que le permita extender la vigencia de dicho contrato.