Los primeros en darse cuenta de que algo raro pasaba con un contrato de la Gobernación de Potosí para la compra de 41 ambulancias fueron los técnicos del Ministerio de Finanzas. En un solo día fueron emitidos cuatro cheques que sumaban 20,5 millones de Bolivianos y ese detalle fue el que llamó la atención y determinó que todo se sepa, menos de dos meses después.
Basta revisar el contrato administrativo 215/2021 para identificar los errores: se estaba adjudicando una millonaria compra a una empresa recién creada, el Número de Identificación Tributaria (NIT) no coincidía y no había boleta sino póliza de garantía. Pese a eso, todas las instancias por las que pasó el contrato, incluida la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) lo dieron por bien hecho y viabilizaron.
El primer error fue adjudicar el contrato a una empresa unipersonal cuando lo que debió hacerse era recurrir a una concesionaria legalmente establecida y con años de experiencia, porque se estaba manejando una alta suma de recursos fiscales; es decir, el dinero de todos. La empresa Stefals Logistics se inscribió en Fundempresa recién el 9 de septiembre de 2021 y ese mismo mes ya se estaba “arreglando” el contrato para las 41 ambulancias entre su representante legal, Luis Humberto Huanca Torrez, y dos personas que decían representar a la Gobernación de Potosí, Osvaldo Mariscal Barrios y Víctor Neil Arancibia Pradel. Este es un hecho que fue revelado por el propio Huanca, en la declaración informativa policial que prestó en Potosí, y la prueba de las negociaciones es una carta que le dirigió al propio gobernador, Jhonny Mamani, en fecha 1 de octubre. En esa carta dice que le estaba respondiendo "a su solicitud sobre la propuesta de adquisición de 41 (cuarenta y uno) ambulancias tipo 1 (uno) A", y eso da a entender que había negociaciones previas.
El proyecto denominado “Fortalecimiento con ambulancias de las redes de salud de los gobiernos municipales del Departamento de Potosí” fue aprobado en la ALD, con el voto mayoritario del MAS, el 6 de octubre de 2021, pero el contrato recién se firmó el 26 de noviembre de ese año; es decir, tardó un mes y 20 días, tiempo que fue perdido para los tramitadores entre los que no solo estaban Mariscal y Arancibia, sino gente de la Gobernación. Si el proyecto se aprobaba antes, tal vez los pagos podían haberse tramitado antes y espaciarse; es decir, los cheques pudieron salir en días distintos, lo que no hubiera despetado sospechas.
Desde la firma del contrato, los tramitadores apenas tuvieron un mes y cuatro días para cerrar el proceso de compra y proceder a lo más importante: el cobro, pero, luego de tanto tiempo perdido, sobrevino otro imprevisto: el contenedor que traía las ambulancias estaba retrasado. Sin entrega de vehículos no habría pago, y si eso no se tramitaba hasta el cierre de la gestión 2021, todo el proceso tendría que empezar de cero, al año siguiente, lo que perjudicaría a los intereses particulares involucrados en el negociado, así que se cometió el otro gran error: se firmó las actas de recepción de las ambulancias el 31 de diciembre de 2021, sin que las unidades hayan llegado al país, para que los cheques salgan ese mismo día.
Se hizo todo a último momento, a la topa tolondra, así que los pagos se hicieron evidentes, la gente del ministerio se percató y filtró los documentos a la prensa. El resto es historia conocida: menos de dos meses después, la noticia de las "ambulancias fantasmas" se publicó en la prensa nacional y se convirtió en el mayor escándalo en la historia de la gobernación potosina.
