Finalmente, la Fiscalía Departamental de Potosí decidió acusar al gobernador titular, Jhonny Óscar Mamani Gutiérrez, por su responsabilidad en el proceso fallido de compra de 41 ambulancias, pero por un delito cuya pena máxima no excede de dos años de cárcel. Se le está acusando de la supuesta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. A las 10:00 de hoy se realizará la audiencia en la que se le revocará las medidas cautelares que se le había impuesto, particularmente el de la detención domiciliaria.
La resolución acusatoria fue emitida el 26 de septiembre recién pasado, pero fue notificada ayer a uno de los denunciantes, el asambleísta Osvaldo Jaime Flores, quien informó sobre la decisión central, que determina procesar no solo a Mamani sino a otras cuatro personas que eran funcionarias del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí.
Los demás coacusados son el ex secretario departamental jurídico, Rubén Moisés Miranda Castro, a quien también se acusa por resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes, tipificado en el artículo (art.) 153 del Código Penal e incumplimiento de deberes (art. 154 numeral 1); Luis René Loayza Gallardo, que era el responsable de los procesos de contratación y es acusado por incumplimiento de deberes; Ricardo Antonio Rodríguez Serrudo, abogado que trabajaba como profesional II y a quien se procesará por falsedad ideológica (art. 199) e incumplimiento de deberes, y, finalmente, a Ramiro Luis Choque Arando, que era el usuario con acceso al Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) por parte del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Potosí, que será enjuiciado por la supuesta comisión del delito de uso de instrumento falsificado (art. 203).
De todos esos delitos, el que está sancionado con la mayor pena es el de falsedad ideológica, que tiene un máximo de hasta seis años de cárcel, y está homologado con el de uso de instrumento falsificado. Los únicos acusados por esos delitos, que podrían determinar sentencia condenatoria a cumplirse en la cárcel son Rodríguez y Choque, que eran funcionarios intermedios y podían argumentar cumplimiento de órdenes superiores.
