Para la Fiscalía de Potosí, existen suficientes elementos de juicio para afirmar que el alcalde Jhonny Llally hostigó sexualmente a por lo menos cuatro mujeres sobre las cuales tenía poder de mando. Esa razón, y la contundencia del testimonio de un niño, hijo de una de las víctimas, determinaron que el juez de instrucción cautelar sexto en lo penal, Raúl Estrada Manrique, instruya su detención preventiva en la cárcel de Cantumarca.

Sobre Llally pesan tres denuncias de abuso sexual y una de violación. Las características son más o menos las mismas: las supuestas víctimas afirman que fueron abordadas por el alcalde, en diferentes circunstancias, con acciones directas de tocamientos impúdicos. Le acusan de haber aprovechado su condición de poder, tanto de jefe de su agrupación ciudadana, el Movimiento Cívico Popular (MCP), como de su rango de alcalde para intentar tener relaciones sexuales con las ahora víctimas. En las versiones de las afectadas, Llally no galantea ni trata de seducir sino que pasa a la acción directa, tocando a sus víctimas, esperando que estas accedan a sus deseos a cambio de mejorar su situación laboral.

Existe un elemento que pone en duda esas versiones: que las mujeres no denunciaron a Llally el mismo día de sus agresiones o poco después de haber ocurrido, sino que esperaron algún tiempo o bien lo delataron luego de perder sus empleos. A eso se suma el hecho de que uno de los abogados de las denunciantes es Hernán López, exfuncionario de jrarquía del alcalde sobre quien también pesan acusaciones.

Pero el testimonio de un niño desequilibró la balanza. Protegido por la cámara Gessel, el menor ratificó la versión de su madre en el sentido de que Llally la habría agarrado de sus senos y vagina, pidiéndole que se deje. La mujer se indignó por un ataque que se realizaba enfrente de su hijo, así que tomó al niño y salió del lugar, que era la secretaría del MCP. Cuando volvió, el propio Llally, que en ese momento no era alcalde, sino jefe del MCP, le comunicó que estaba despedida.

Aunque la detención preventiva fue calificada de excesiva por el concejal del MCP Emilio Elías, la Fiscalía considera que es insuficiente pues es de apenas 15 días, tiempo en el que no se podrá concluir la investigación, así que la decisión fue apelada.

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