Gabriela Quintana López es la fiscala que imputó al ex presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari; es decir, fue quien encontró que existen suficientes elementos para procesarlo por la supuesta comisión de delitos electorales, pero, también, es la que sobreseyó; o liberó de pena y culpa, al gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, por el bullado caso de las 41 ambulancias.
Este hecho, que puede confirmarse revisando los cuadernos de investigaciones de ambos casos, fue advertido ayer por el presidente del comité de movilizaciones de Comcipo, Ricardo Ramos, tras la suspensión de la audiencia de inicio del juicio oral contra el expresidente cívico. “Lo irónico del caso: una de las fiscales, que ahora está en comisión, porque está atendiendo el caso de la quema de la corte y la obstaculización electoral es la misma que ha hecho el sobreseimiento al gobernador. Esta clase de situaciones y la falta de transparencia que debe tener la justicia preocupan a la entidad cívica”, dijo.
El sobreseimiento a Mamani es una decisión que ha tenido su mayor contradicción en el propio Ministerio Público ya que lo que no hizo la Fiscalía de Potosí lo hizo la de La Paz: aprehender al gobernador, acusarlo de la comisión de delitos, someterlo a una audiencia de medidas cautelares y, finalmente, detenerlo preventivamente en la cárcel de San Pedro, a la espera del juicio oral por el caso de la compra frustrada de 41 ambulancias en un proceso en el que siguen apareciendo ilegalidades.
Cuando informó de la decisión de sobreseer al gobernador, asumida con su colega Magaly Castro Luna, Quintana utilizó los mismos argumentos que esgrimía el propio Mamani; es decir, más que representante del Ministerio Público, parecía su abogada defensora. “No se cuenta con los elementos suficientes para afrontar una acusación por cuanto, en base a la prueba documental, prueba pericial, se ha podido determinar de que, evidentemente, el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí no ha erogado ningún gasto para el pago de las 41 ambulancias y no se ha podido determinar un daño económico al Estado”, dijo.
