La Fiscalía Especializada Anticorrupción de La Paz acusa al gobernador titular de Potosí, Jhonny Óscar Mamani Gutiérrez, por haber incurrido en por lo menos seis actuaciones presuntamente ilegales con cuantías que, sumadas, llegan a 24.738.834,64 Bolivianos.

El primer caso que se describe en la imputación formal contra Mamani es un total de 117 depósitos de dinero sin justificar que se habría hecho en su cuenta corriente del Banco Unión en el periodo del 7 de marzo de 2018 al 27 de diciembre de 2022. Como su gestión de gobernador de Potosí comenzó el 3 de mayo de 2021, los depósitos realizados antes de esa fecha corresponden a su periodo como alcalde de Tahua.

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) identificó un total de 16 depositantes, incluido el propio Mamani, y algunos de estos fueron o son servidores públicos. Ese es el caso de “la señora Sara Cádiz Choqueticilla, quien desempeñó funciones como secretaria (de) las alcaldías de Llica y Tahua. Desde mayo de 2018 hasta marzo de 2020, realizó 8 depósitos en efectivo, a nombre de la mancomunidad Incahuasi, por un monto total de 59.442,00, desconociéndose el motivo generador de los mismos” (Pág. 7), pero el depósito se hizo en la cuenta del entonces alcalde de Tahua, Jhonny Mamani.

Otro caso es el de “la señora Eva Zambrana Mamani (que) desempeñó funciones como Tesorera del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí. Desde enero de 2022 hasta enero de 2023, realizó 48 depósitos en efectivo por un monto total de Bs. 26.831,00 de los que al igual que los descritos en los párrafos precedentes, se desconoce el motivo generador de los mismos” (Pág. 8). 

Pero el caso más inquietante de los depositantes es el de “Luis René Loayza Gallardo (que) desempeñó funciones como asistente técnico del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí. Desde octubre de 2014 hasta octubre de 2021 realizó 5 depósitos en efectivo por un monto total de Bs. 53.300,00, aspecto altamente llamativo, toda vez que el señor Loayza se encuentra vinculado con el caso de las 41 ambulancias para la Gobernación de Potosí” (Pág. 7). 

Para ponerlo más claro, Loayza, que era el responsable de los procesos de contratación en la Gobernación de Potosí, le hizo depósitos a Mamani desde octubre de 2014. El más cuantioso fue de 40.000 Bolivianos, el 21 de septiembre de 2022 (Pág. 41).

A estos casos se suma el del retiro de 67 cheques de cuentas fiscales de la Alcaldía de Tahua, la Mancomunidad de los Lipez y la Asociación de Municipalidades de Potosí por montos que suman 1.289.324,24 Bolivianos (Pág. 8).

La imputación incluye las compras de vehículos a Stefals Logistics con este detalle: vehículos para la Felcv, Bs 689.040; vehículos para Seguridad Ciudadana, Bs 1.327.455; vagoneta para la Gobernación, Bs 661.130,40 (Pág. 7).

La UIF ha confirmado que Stefals Logistics era una empresa ilegal y a esta se adjudicó el contrato de las 41 ambulancias por un monto total de 20,5 millones de Bolivianos. El argumento de Jhonny Mamani de que no se pagó ese monto se cae por el hecho de que la Gobernación sí emitió cuatro cheques por esa cantidad, que no alcanzaron a pagarse, porque el Ministerio de Finanzas no autorizó la transferencia de los fondos. 

En este caso, este diario identifica un sobreprecio: en la imputación está el detalle de 86 vehículos, entre vagonetas y camionetas, que Stefals Logistics alcanzó a importar por un monto total de 16.972.410 Bolivianos. La Gobernación de Potosí estaba pagando 20,5 millones de Bolivianos por menos de la mitad. La diferencia es de Bs 3.527.590.

Pero eso no es todo. Un informe de la UIF del 14 de agosto de 2023 señala que se ha encontrado “movimientos (económicos) de carácter sospechosos de Jhonny Oscar Mamani Gutiérrez dentro del periodo de 01 de enero de 2014 hasta el 21 de marzo de 2023”.