El gobernador de Potosí, Jhonny Óscar Mamani Gutiérrez, no será procesado por el bullado caso de las 41 ambulancias puesto que la Fiscalía Departamental de Potosí decidió sobreseerlo; es decir, liberarlo de cualquier responsabilidad en este caso que, en su momento, giró en torno a un frustrado pago de 20,5 millones de Bolivianos. En cambio, las fiscalas que atienden este caso, Gabriela Quintana López y Magaly Castro Luna, decidieron acusar penalmente a cinco ex funcionarios subalternos de la Gobernación.

Además de Mamani, otros imputados que fueron sobreseídos son el ex secretario departamental jurídico, Rubén Moisés Miranda Castro, y el ex responsable de procesos de contratación, Luis René Loayza Gallardo. También quedaron fuera del proceso el abogado Ricardo Antonio Rodríguez Serrudo y el auditor Ramiro Luis Choque Arando. Loayza resultó con carácter mixto ya que, si bien fue sobreseído por la supuesta comisión del delito de incumplimiento de deberes, de todas maneras resultó acusado de negociaciones incompatibles, delito por el que irá a juicio oral y contradictorio.

Los otros acusados tienen todavía menor jerarquía: el ex responsable del Centro de Resolución de Urgencias y Emergencias Médicas (CRUEM), Jorge Pablo Velarde Torrico; el administrador de dicho centro, David Favio Pozo Medrano, y el médico de emergencias, Carlos Alberto Aguirre Marino. Un quinto acusado es Eulogio Peñaranda Cárdenas, que figura como ingeniero minero.

Velarde, Aguirre y Pozo formaron parte de la comisión de recepción de las 41 ambulancias, junto a Walter Jesús Morales Saavedra y Efraín Quispe Condori, pero solo aquellos tres firmaron el documento, así que fueron imputados y ahora serán procesados por la supuesta comisión del delito de falsedad ideológica. La razón por la que son acusados es que el acta de recepción señala que las 41 ambulancias fueron recibidas cuando, en realidad, ni siquiera habían ingresado a territorio boliviano.

EL CASO

Mamani y los otros coimputados fueron denunciados por el asambleísta departamental Jaime Flores; la presidenta del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Graz, y la diputada Lissa Claros por haber adjudicado el contrato de provisión de 41 ambulancias a la novel empresa Stefals Logistics, que no reunía los requisitos para ese fin. En fecha 31 de diciembre de 2021, la Gobernación de Potosí emitió cuatro cheques pagando los 20,5 millones de Bolivianos por la compra, pero el Ministerio de Finanzas detectó irregularidades y no autorizó el desembolso. Si no se procedía de esa forma, el pago se hubiera efectivizado.

El gobernador fue acusado debido a que es la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) y, por imperio del artículo 32 del decreto supremo 0181, “es responsable de todos los procesos de contratación desde su inicio hasta su conclusión”, mientras que el parágrafo tercero del artículo 2 del Decreto Supremo 4432 señala que las compras directas como la que se estaba ejecutando “son de exclusiva responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva - MAE de la entidad contratante”.

Pero esas normas no fueron consideradas por las fiscalas, provocando el rechazo de Flores, que calificó el sobreseimiento de “nefasto” mientras que el consejo consultivo de Comcipo, realizado anoche, calificó el requerimiento conclusivo de “político” y determinó exigir la renuncia de la fiscala departamental, Roxana Choque.

El siguiente es el detalle de los sobreseídos y acusados. Curiosamente, el gobernador es el único que no aparece con profesión.