El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, fue convocado a presentarse a la 11:00 de hoy en la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Diputados con el propósito de prestar informe oral sobre el fallido proceso de compra de 41 ambulancias. La autoridad tiene el propósito de asistir porque solicitó licencia a la Asamblea Legislativa Departamental.
El cuestionario de la petición de informe oral está integrado por 13 preguntas, todas referidas a las infracciones legales que fueron detectadas en ese controvertido proceso.
El acto de fiscalización apunta directamente a la responsabilidad que tienen las Máximas Autoridades Ejecutivas (MAE) en los procesos de contratación en general y en las compras que se hizo en el marco del Decreto Supremo 4432, en particular.
La responsabilidad general en toda compra y actos de administración de bienes y servicios está establecida en el artículo 68 del Decreto Supremo 181 que señala que “la MAE de la entidad es responsable de las contrataciones por desastres y/o emergencias”.
El Decreto Supremo 4432 es el que fue promulgado el año pasado para permitir que las entidades autónomas, como gobernaciones y alcaldías, puedan comprar bienes y servicios con carácter excepcional, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, pero solo hasta el 31 de diciembre de 2021. Esta norma permitió que compras mayores sean ejecutadas por invitación directa, pero había que cumplir algunos requisitos y uno de ellos es la responsabilidad de la MAE. El parágrafo III del artículo 2 señala que “las contrataciones directas efectuadas en el marco del presente Decreto Supremo, son de exclusiva responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE de la entidad contratante” así que esta no se podía delegar, como pasó en el caso de las 41 ambulancias.
Entre otros cuestionamientos está el hecho de que el proceso de las 41 ambulancias fue anulado mediante una resolución administrativa, cuando eso solo procedía antes de emitirse la orden de compra.
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