El informe de la PGE
El Informe Procuradurial del 11 de marzo de 2022, observa el contrato de adquisición de 41 ambulancias porque “existirían indicios de que el mismo es irregular e ilegal, siendo que para su celebración se aparta de los principios y directrices otorgadas por el DS No. 0181” (de Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios).
“La Unidad Jurídica de la Gobernación de Potosí no cumplió con lo establecido por el Dictamen General No. 02/2015 siendo que no se evidenció que en el proceso de contratación y en la ejecución del contrato administrativo haya verificado que el contratista pueda cumplir materialmente las obligaciones contraídas”, apunta la recomendación procuradurial.
“Existirían indicios de que la empresa que se adjudicó la invitación directa no cumplía con los requisitos mínimos para adjudicarse la adquisición, ni mucho menos para efectuar la firma del contrato administrativo, toda vez que no contaba ni siquiera con un Número de Identificación Tributaria (NIT)”, establece el documento.
“Se evidencia que se pretendía efectivizar el daño económico al Estado ya que se estaba pagando por la adquisición de 41 ambulancias que en ningún momento fueron efectivamente recibidas por la Gobernación, aspecto que era conocido por el gobernador de Potosí”, remarca el informe.
Además de las 41 ambulancias, la Gobernación de Potosí también firmó otros tres contratos con esa empresa.
La denuncia penal contra los supuestos autores de las ilegalidades cometidas en el proceso de adquisición de 41 ambulancias por parte del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí cobra fuerza con el apersonamiento de la Procuraduría General del Estado (PGE) en calidad de sujeto procesal.
La directora departamental de la PGE, Wilma Mamani, in formó que, de acuerdo a la recomendación procuradurial referida al caso de las 41 ambulancias, se apersonó al Ministerio Público en el caso que es atendido como una solo, pese a existir varios denunciantes.
LAS DENUNCIAS
Tres denuncias por la supuesta comisión de irregularidades cometidas en el proceso de compra de 41 ambulancias fueron planteadas al Ministerio Público que encara un proceso de investigación.
El asambleísta departamental Jaime Osvaldo Flores (MOP) presentó una denuncia contra autor o autores del fraudulento proceso de adquisición de automóviles, destacando que una comisión de calificación firmó un acta de recepción de las 41 ambulancias pese a que las mismas aún no habían llegado al país.
La segunda denuncia fue planteada por la dirigente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Graz, quien destacó que el proceso tenía una serie de observaciones y que se estaba buscando afectar el interés del Estado al importar vehículos que aparecen como reacondicionados.
La tercera denuncia llegó a través de la diputada Lissa Amanda Claros (CC) quien identificó al gobernador Jhonny Mamani y a otros cuatro funcionarios como responsables de las irregularidades en ese proceso.
La fiscala departamental Roxana Choque dio a conocer que los fiscales Magaly Castro Luna y Gabriela Quintana López habían acumulado los procesos para encarar la investigación.
Por su parte, el gobernador Jhonny Mamani anunció que el 27 de enero de 2022 se anuló la minuta de contrato para la compra de las ambulancias tras haberse identificado la comisión de ilícitos penales.
El 3 de febrero de 2022 se habría cancelado el proceso de contratación al haberse advertido distintas observaciones.
Posteriormente, el gobernador planteó una denuncia penal contra la empresa Stefals Logistics y su representante, Luis Humberto Huanca Torres. En la línea del ministro de justicia, Iván Lima, también presentó denuncia contra el representante de Zegarra Motors, Chistian Erick Zegarra Acuña, pese a que este aparece como víctima en este caso ya que su empresa se vio afectada por el uso indebido de su NIT.
..........
Señor Lector, este es solo un reporte. La información completa está en la edición impresa de El Potosí.
