Acciones penales: eso es lo que recomienda la comisión especial de fiscalización de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) respecto a las presuntas ilegalidades cometidas en la fallida compra de 41 ambulancias para la Gobernación de Potosí.

El cambio de actitud se debe al Informe de la Procuraduría General del Estado (PGE) que encontró indicios de irregularidades en el proceso de compra e, incluso, responsabilidades para la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE); es decir, el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, en virtud a lo dispuesto por la ley 1178 y los decretos supremos 0181 y 4432 que establecen que todos los procesos de contratación son de responsabilidad de dicha autoridad. Respecto a esto, Mamani dijo que el informe de la PGE son solo recomendaciones, pero, en este nuevo documento de la ALD, se señala que es vinculante.

En torno a este informe, se solicitó la interpretación de responsable de la Unidad de Transparencia de la ALD que, según señala el informe, hizo la siguiente puntualización:

“La Recomendación Procuradurial No. 005/ 2022 de acuerdo a la normativa señalada en el presente informe, se determina que es vinculante y de cumplimiento obligatorio”.

Este funcionario también señaló que no hacía falta que el informe de la PGE sea derivado a la comisión, sino que sus recomendaciones deberían aplicarse de inmediato. En cuanto a la anulación del contrato, señala que “no correspondía dicha anulación por tratarse de un contrato ya suscrito entre partes y no de un proceso de contratación; lo que correspondía por ley es la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO y la EJECUCIÓN DE LAS BOLETAS y/o PÓLIZAS DE GARANTÍA”. 

En el informe, que es el segundo de esta comisión, se lee la siguiente recomendación al final del documento:

“En consecuencia a la RECOMENDACIÓN PROCURADURIAL No. 005/2022 de fecha 11 de marzo de 2022, la Comisión Especial de Fiscalización RECOMIENDA al pleno de la Asamblea que el presidente de la ALDP, en su condición de representante oficial, conforme a sus atribuciones señaladas en el Art. 36 numeral 1) del Reglamento General, el inicio de acciones penales en contra de todos los servidores públicos sean estos autores materiales o intelectuales que participaron en el proceso de contratación de adquisición de 41 ambulancias Tipo I y Anulación de Contrato”.

El informe ha sido firmado por seis integrantes de la comisión: Emilio Muraña, Grover Yelma, León Jancko, Marco Antonio Copa, Reynaldo Romana y Alberto Quispe. Llegar a la firma no fue tan sencillo, ya que algunos asambleístas expresaron su rechazo a su contenido. Faltan las firmas de Jaime Llave e Hipólita Porco.

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