Una de las razones por las que el Cerro Rico se está hundiendo es que el Estado boliviano no ha hecho nada efectivo hasta ahora para evitar su progresivo y cada vez más acelerado deterioro.

En 1987, la legendaria montaña fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En 1990, una ley le declaró monumento nacional. Ni lo uno ni lo otro evitó que se siga trabajando en su interior sin rellenar los espacios que se dejaban vacíos tras agotar los filones de mineral.

En 2004 se promulgó el Decreto Supremo  No 27787 que prohíbe todo tipo de trabajos en la cúspide. Los socios de las cooperativas tampoco hicieron caso. Es más… en una marcha realizada el 27 de julio, uno de sus dirigentes, Carlos Huallpa, advirtió que no se dejará de trabajar en la zona prohibida. Fue apología del delito, pero tampoco ha sido castigada.

Hasta la fecha, ninguna persona ha sido procesada o sancionada por vulnerar la condición de monumento nacional que tiene el Cerro Rico, tampoco por trabajar en la zona prohibida.

La única solución viable era buscar otras áreas de trabajo para las cooperativas, pero todas las que se identificó enfrentan la oposición de los comunarios, que no quieren que los mineros trabajen en sus territorios. Luego se planteó habilitar nuevas zonas en el propio Cerro Rico pero el gerente de la Corporación Minera de Bolivia, Edgar Quintanilla, dijo que tomará por lo menos tres años y costará unos 20 millones de dólares.

Mientras, el Cerro Rico se sigue hundiendo.

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