Las tornaguías, o formularios de declaración de carga de minerales, se han convertido en algo muy parecido a valor de cambio en el submundo de la economía minera de Potosí. Conseguir una es considerada un privilegio, a tal punto que puede pagarse por ella. ¿Por qué tanto interés? Porque, teniendo una debidamernte sellada, es posible extraer cargas de la zona prohibida del Cerro Rico de Potosí, cuyos óxidos pueden venderse en mayor precio a las comercializadoras de minerales.
Supuestamente, el formulario sirve para controlar la explotación de minerales en el Cerro Rico, pero cuando se revisa uno, no se encuentra dos datos importantes: la procedencia de la carga y su peso. Por tanto, si el documento es sometido a una auditoria técnica, como fue anunciada por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, no servirá para saber si se trabajó en la zona prohibida, de la cota 4.400 hacia arriba, o fueraa de ella.
Los informes mensuales de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) tampoco ayudan a determinar nada porque no incluyen los dos datos referidos. El informe de mayo, por ejemplo, solo revela cuántas tornaguías fueron extendidas, pero no es posible saber qué volumen de carga fue extraído en ese mes.
Aparentemente, la tornaguía fue diseñada así, hace tiempo indeterminado, con el propósito de no incluir esos datos que son importantes para controlar la explotación de minerales en la zona prohibida, tal cual impone el Decreto Supremo 27787, que reglamenta los trabajos de exploración minera en el Cerro Rico de Potosí.
La crisis institucional de la Comibol estalló el último fin de semana, cuando el gerente regional, Richard Arancibia, fue destituido por decisión del directorio, debido a acusaciones de complicidad con el sector cooperativista encabezado por Carlos Porco. El lunes, un grupo encabezado por Porco restituyó en su cargo a Arancibia haciendo uso de la fuerza.
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