Esa versión fue recogida cuando, pese a las restricciones de la cuarentena, El Potosí fue hasta el lugar con el fin de recoger la versión de la parte denunciada. De esa manera, se escuchó a autoridades originarias y habitantes que, por una parte, rechazaron las denuncias de agresión y, por otra, respondieron con la denuncia de que tierras de la comunidad fueron avasalladas por las personas que les denunciaron.
Para recoger la versión de la parte denunciada, este diario actuó de oficio. No esperó que la parte afectada pida su derecho a réplica sino que fue hasta el lugar, con el fin de verificar si las denuncias recibidas eran ciertas en su totalidad. De inicio, mediante geolocalización, se verificó que las llamadas recibidas realmente procedían de Miraflores y los metadatos del video publicado también coincidían con los hechos denunciados. Tras horas de verificación, y ante el riesgo de confrontaciones físicas, se publicó la versión de la parte denunciante. No obstante, se optó por ir hasta el lugar para determinar el alcance de las denuncias.
Al llegar al lugar, y como ocurre en todas nuestras coberturas en directo, se inició la transmisión pero, de inmediato, una mujer apareció para cuestionar esa labor. Cubrió la cámara con las manos y dijo que, para tomar fotografías y videos, había que solicitar permiso a la comunidad. Otra persona, esta vez un varón, apareció luego y le quitó la cámara al periodista. Este la rescató y se fue con ella a su vehículo para reiniciar la transmisión en directo. Tras hacerlo, los ánimos se calmaron y se pudo ingresar hasta el lugar. Allí se escuchó a todos quienes quisieron hablar, desde las autoridades originarias a comunarios de base.
La familia a la que se habría agredido porque inició una construcción denunció que la comunidad no le permitía realizar obras en propiedad privada. Al hablar con los denunciados, estos dijeron que los denunciados rebasaron los límites de su propiedad e iniciaron trabajos en tierras de la comunidad, o de equipamiento municipal, que están destinadas para parqueo público, ya que están en el ingreso mismo al balneario.
Explicaron que nadie puede construir en un área de un metro a partir del asfalto pero la familia denunciante fue más allá, basándose en un proceso de saneamiento que no ha concluido. Afirman que el área destinada al parqueo le pertenece a la comunidad. A nombre de la familia habló Marcelino Mamani Méndez, que se identificó como yerno de Víctor Villanueva, y dijo que la familia ha perfeccionado su derecho propietario con una resolución suprema. Exhibió una certificación del Instituto Nacional de Reforma Agraria, pero se le explicó que Miraflores ya es parte del municipio de Potosí, así que la labor de delimitación ya es trabajo de Catastro Urbano, y de la Alcaldía.
Los denunciados dijeron que, contrariamente a la versión de los denunciantes, ellos fueron los agredidos. Mostraron a una persona que tenía el brazo en cabestrillo y aseguraron que fue atacada con un cuchillo. Después, este diario consiguió, por su parte, un video en el que se ve a una persona portando un cuchillo en medio del conflicto.
