Las gobernadoras, gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldesas, alcaldes, concejalas y concejales que están ejerciendo esos cargos sobre la base de los resultados de las elecciones subnacionales de 2015 concluyen su mandato hoy, 31 de mayo de 2020, conforme establece la constitución en la parte que corresponde a la estructura y organización territorial del Estado.

La actual Constitución Política del estado puso en vigencia los gobiernos autónomos y dos de ellos son las gobernaciones y gobiernos municipales, o alcaldías, con sus correspondientes órganos legislativos. El parágrafo II del artículo 285 señala que "el periodo de mandato de las máximas autoridades ejecutivas de los gobiernos autónomos es de cinco años, y podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez". Las máximas autoridades ejecutivas, o MAEs, son las gobernadoras y gobernadores, en el caso de las gobernaciones, y alcaldesas o alcaldes, en el de los gobiernos municipales.

En los que se refiere a asambleístas, concejalas y concejales, el artículo 288 establece que "el período de mandato de los integrantes de los Concejos y Asambleas de los gobiernos autónomos será de cinco años, y podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez".

Todas estas autoridades fueron elegidas en los comicios subnacionales, realizados el 29 de marzo de 2015, y asumieron su mandato eel 1 de junio de este año. Hoy cumplen cinco años de mandato y, aunque una ley promulgada el 20 de enero de este año prorroga ese mandato, desde el punto de vista constitucional dejan de ser legítimas porque la gestión que ejerciten a partir de mañana ya no corresponde a lo establecido por el voto popular. 

 

NACIONALES

Las autoridades nacionales electas cayeron en la ilegitimidad a partir del 23 de enero de 2020, cuando comenzaron a ejercer el cargo en virtud a la Ley nacional número 1270 que fue promulgada tres días antes.

La norma establece, en su artículo primero, que "la presente Ley tiene por objeto excepcionalmente prorrogar el período de mandato constitucional de la Presidenta del Estado Plurinacional, las y los Asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional y las Autoridades Electas de las Entidades Territoriales Autónomas, para restablecer la normalidad constitucional".

Aunque la ley permitía que la presidenta Jeanine Añez amplíe su mandato, que, en el espíritu legislativo del parágrafo II del artículo 169 de la constitución, debía durar solo 90 días, las y los asambleístas del MAS aprobaron la norma en el parlamento porque su mandato también se ampliaba y, por lo tanto, ellos también salían beneficiados.

El presidente, vicepresidente y las y los asambleístas plurinacionales fueron elegidos el 12 de octubre de 2014 y comenzaron a ejercer sus cargos desde el 22 de enero de 2015. Su mandato constitucional terminó en esa misma fecha, pero de este año, y sus mandatos fueron ampliados con esta ley:

MÁS PRÓRROGAS

El principal argumento para la prórroga fue el comprobado fraude electoral de las elecciones del 20 de octubre de 2019, que motivaron la renuncia del entonces presidente Evo Morales y la sucesión constitucional que permitió que Jeanine Añez asuma la presidencia.

Conforme al parágrafo II del artículo 169 de la constitución, Áñez debió convocar a elecciones dentro de los 90 días de su mandato, que comenzó el 12 de noviembre de 2020. Esa convocatoria debió salir hasta el 12 de febrero de 2020, pero, en lugar de eso, el 20 de enero se permite la prórroga de mandato con el consentimiento pleno de los asambleístas del MAS, quienes también se veían beneficiados.

Desde el 23 de enero, las autoridades nacionales ejercen el cargo sin la legitimidad que da el voto y, además, cobran su sueldo íntegro.

El inicio de la cuarentena, por la pandemia de coronavirus, dejó el tema de las elecciones en suspenso. El 1 de marzo de 2020, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, dijo que las elecciones subnacionales serán convocadas luego de la jura de la nueva presidenta o presidente así que las alcaldesas, alcaldes, concejales y concejales siguen en funciones, aunque de manera ilegítima.

En Potosí, el gobernador y alcalde electos en 2015 renunciaron a sus cargos durante la crisis de octubre/noviembre de 2020. Por ello, la Asamblea Legislativa Departamental eligió gobernador a Omar Veliz mientras que el Concejo Municipal hizo lo propio con Luis Alberto López. Eso agrava la ilegitimidad de esas autoridades a partir de mañana y ha dado lugar a que en el Concejo se plantee la posibilidad de ratificar a López o elegir nuevo alcalde. El tema que no quieren tocar es el del sueldo que seguirán percibiendo, pese a que hoy termina su mandato.   

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