Al menos, 150 privados de libertad se beneficiarán con el plan especial que pretende encarar el Tribunal Departamental de Justicia y el Ministerio Público para descongestionar la cárcel pública de Cantumarca.

La medida fue asumida, según el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Edwin Aguayo Arando, debido a las constantes críticas contra la administración de justicia.

"De un tiempo a esta parte, muchas personas se valen de este argumento para fustigar el accionar del Ministerio Público, como también de la administración de Justicia, muchos de estos casos tienen especiales y particularidades", justificó la aplicación de este plan.

No todas las personas privadas de libertad serán las beneficiadas, sino aquellas que están encerradas por delitos de "escasa relevancia social" y no por delitos graves.

Los beneficiados serán los están investigados por robo, casos de bagatela, lesiones, entre otros. Más no así los que están encarcelados por la ley 348 y la Ley 1008. Todas las personas que saldrán de prisión se defenderán en libertad bajo el principio de presunción de inocencia, complementó.

?Por qué se quiere borrar con el codo lo que se escribió con la mano las resoluciones preventivas?. ¿Por qué hay este tipo de sorpresas en la justicia?, se le consultó y Aguayo respondió: "no, no hay sorpresa. Es una cuestión de coordinación y que las autoridades de oficio deberían promover. Por ejemplo, el artículo 72 en el procedimiento penal señala: que el fiscal debe ser objetivo pero, además, en este mismo cuerpo legal, se señala que los jueces de oficio pueden revisar la duración de una detención preventiva. Las autoridades deben obrar de manera más objetiva y en plazos".