El diputado de Demócratas, Gonzalo Barrientos, expresó su temor de que el Gobierno nacional no hubiera planteado una contrademanda por el uso de las aguas del Silala.

Barrientos pide que se demuestre si se planteó la contrademanda y en qué sentido ya que esa acción  debió ser dirigida contra la empresa privada que recibió la concesión para el uso de aguas el año 1908.

El diputado opositor señala que la contrademanda no se podía plantear contra el Estado  chileno pues eso sería un error ya que Bolivia en ningún momento tuvo una relación directa sobre las aguas potosinas.

"Chile no tiene parte ni contraparte en el tema de las aguas del Silala porque la Prefectura de Potosí otorgó la concesión a una empresa Bolivian Railway and Chili cuyos dueños vendieron sus acciones".

Se conoce que la Bolivian Railway vendieron sus acciones a la firma Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB), propiedad de Antofagasta PLC del Grupo Luksic, quien a su vez habría transferido el derecho de administración de las aguas al grupo colombiano Empresas Públicas de Medellín (EPM).

DEUDA HISTÓRICA

Barrientos sostiene que son esas empresas las que tienen que responder por la deuda histórica por el uso ilegal de las aguas que supera los 1.000 millones de dólares.

CONTRADEMANDA

A inicios del mes de septiembre de 2018, el Gobierno nacional anunció que se había planteado una contrademanda por las aguas del Silala.

En conferencia de prensa, Evo Morales dijo que Bolivia pidió a la CIJ “que juzgue y declare que Bolivia tiene soberanía sobre los canales artificiales, y los mecanismos de drenaje en el Silala, que están ubicados en su territorio y tiene el derecho soberano a decidir cómo los mantendrá”.