El Gobierno nacional denunció la intención de algunos ciudadanos de desmembrar el proyecto Mallku Khota con la finalidad de que pequeños grupos mineros se hagan cargo del megayacimiento que se encuentra en las provincias Alonzo de Ibáñez y Charcas del departamento de Potosí.

El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, hizo conocer que los comunarios del área donde se encuentra el yacimiento solicitaron conversar sobre el destino del yacimiento y se conoce que buscan acceso a áreas de trabajo para su desarrollo a través del sistema de cooperativas.

Destacó que al tratarse de un gran yacimiento minero se requiere implementar un proceso de explotación moderno con tecnología de punta que permita la recuperación  de los diferentes minerales que existen en la zona.

Se conoció que un estudio preliminar de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) establece que para desarrollar el proyecto Mallku Khota deben invertirse alrededor de 620 millones de dólares.

"Dentro del informe preliminar que tiene la Comibol establece una inversión de aproximadamente 620 millones de dólares que requerimos para desarrollar un proyecto de esta envergadura, estamos hablando de inversiones superiores", destacó el ministro potosino.

Desde el ministerio de Minería se espera consolidar un gran proyecto para la recuperación de cuantiosas cantidades de minerales como plata, galio, plomo y zinc, valorados en más de 8.877 millones de dólares.

De acuerdo con los estudios técnicos, la desmembración o fragmentación del yacimiento no es una opción válida porque se requiere una inversión extensiva en capital que permita contar con tecnología de punta para lograr beneficios para la región, el departamento y el país.

VICTORIA

En pasadas horas, el Gobierno nacional anunció una victoria en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión (Ciadi) frente a la denuncia planteada por la canadiense South American Silver por la nacionalización de las concesiones mineras de Mallku Khota.

En la oportunidad se destacó que a través de las pruebas respectivas se probó que el Estado garantizó la inversión y que la medida de la nacionalización fue un recurso destinado a evitar la violencia generada por la propia empresa y los originarios de la zona.