El diputado del Movimiento Al Socialismo, Víctor Borda, dijo que el Ministerio Público debe investigar las razones por las que en 1998, políticos del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Conciencia de Patria (Condepa) redujeran la zona de reserva del Salar de Uyuni viabilizando su loteamiento.
El asambleísta nacional destacó que el área de reserva comprendía un espacio de 2.3 millones de hectáreas en las cuales estaba prohibido acceder a concesiones mineras.
Por versiones del exdiputado Ángelo Porcel (denunciado por presentar la Ley Valda), fue Gonzalo Valda (MIR) y Walter Zuleta (MNR) los que definieron la necesidad de delimitar nuevamente la zona de reserva y la brigada planteó esa necesidad, pero apareció el proyecto de lo que sería la Ley 1854 que permitió reducir la zona fiscal en más de un millón de hecáreas.
Borda dijo que Banzer promulgó la Ley Valda y Jorge Quiroga la consolidó a través de un decreto reglamentario con lo que se permitió que la empresa Non Metallic acceda a 11 concesiones mineras y más adelante se asoció a una empresa chilena con la finalidad de frenar la posibilidad de una reversión de los derechos mineros.
Según la versión del diputado del MAS, fue Gonzalo Sánchez de Lozada, del MNR, que firmó con Chile un acuerdo de protección de inversiones que define el pago por daños y perjuicios cuando se afecte los intereses del vecino país.
