El equipo de defensa legal internacional de Bolivia, encabezada por la Procuraduría General del Estado, demandó la anulación del laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) que beneficia a la empresa chilena Química del Bórax (Quiborax) por supuesta afectación a los trabajos desarrollados en el Salar de Uyuni.

La defensa de los intereses del Estado boliviano los encara un equipo que se encuentra en la sede de la Ciadi, Washington, donde inició la fase oral en el proceso planteado por los chilenos en el denominado “Caso CIADI Nº ARB/06/2: Quiborax S.A. y Non Metallic Minerals S.A. contra el Estado Plurinacional de Bolivia”.

La delegación de Bolivia está conformada por el procurador general del Estado, Pablo Menacho Diederich, el ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro Miranda, el subprocurador de defensa y representación legal del Estado, Ernesto Rossell Arteaga, y el director general de Derecho Internacional del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Franz Zubieta Mariscal.

Bolivia cuenta con el apoyo del estudio jurídico Internacional Dechert LLP, reconocido mundialmente en el área de arbitraje.

En su alegato de apertura, el procurador Pablo Menacho, afirmó: “Bolivia es un país responsable y comprometido, que mantiene inalterable su posición de cumplir con todas sus obligaciones internacionales”.

El Estado boliviano presentó su solicitud de anulación ante el Comité de Anulación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión (Ciadi) luego de una exhaustiva revisión y análisis del proceso arbitral y especialmente del Laudo de 16 de septiembre de 2015 que define que Bolivia debe pagar 48 millones de dólares por la supuesta afectación a los derechos de la empresa Non Metallic y su socia, la firma chilena Quiborax.