Un uniformado de la Policía departamental de Potosí está acusado de presuntamente robar alimentos de sus propios camaradas, a quienes no entregó la dotación que les entrega el Gobierno.

El acusado fue sometido a una audiencia de medidas cautelares, pero no fue detenido preventivamente en el penal de Cantumarca.

El fiscal Javier Torrejón solicitó la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva.

Al final, el juez cautelar Vladimir Jiménez ordenó el arraigo nacional; es decir, no puede salir del país  y la cancelación de una fianza económica de 20.000 Bolivianos.

De acuerdo con la relación fáctica que esgrimió el fiscal Javier Torrejón, los alimentos habrían desaparecido de un ambiente de la Estación Policial Integral (EPI-9) que era usado como despensa.

Los casi 80 quintales de alimentos, como azúcar, fideo, arroz, entre otros fueron  presuntamente sustraídos por la puerta trasera de esa infraestructura policial, según los antecedentes.

"Las bolsas de los alimentos fueron sacadas por la puerta trasera del EPI-9 y fueron cargado a un taxi blanco", dijo el fiscal en la audiencia.

Inclusive, los camaradas del ahora imputado vieron a qué vehículo cargaron las bolsas de alimentos. Los que vieron esa acción ahora son testigos en el proceso penal por robo y peculado.

Es más, continuó explicando el resultado de la investigación, se identificó a qué comerciantes comercializaban los alimentos que desaparecían de la EPI-9