La demanda chilena por las aguas del Silala une a los representantes sociales, funcionarios de entidades públicas y dirigentes políticos potosinos.
El gobernador potosino, Juan Carlos Cejas, lamentó que los chilenos recurran a un juicio ante la Corte Internacional de Juscticia de La Haya "para mantener un sistema de saqueo de los recursos naturales que son de los potosinos y bolivianos".
Por su parte, el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Jhonny Llally, dijo que las aguas del Silala están en el Departamento de Potosí y pidió no permitir que se hable de esas aguas como un río porque afirmó que son aguas de manantiales. Por ese motivo, la entidad cívica se brindó a coadyuvar y proponer ideas para que la Cancillería haga la representación internacional.
Para el diputado opositor, Gonzalo Barrientos, esta es una demanda que no tiene ningún sustento. Dijo que sus argumentos no son consistentes, y resaltó que quien dio la concesión de las aguas manantiales fue la Prefectura de Potosí, en 1908, a una empresa privada.
Por ello, según Barrientos, la demanda debe ser de derecho internacional privado para que la empresa pague por la venta de las aguas a empresas mineras.
Por su parte, el expresidente de Comcipo y actual concejal, René Navarro, es momento de cerrar el paso a lo que llamó "saqueo de los recursos naturales potosinos", a través del uso de las aguas a través de proyectos en aplicación del derecho soberano sobre ese recurso.
La contrademanda anunciada por el gobierno nacional sería la solución ante la intromisión del Estado chileno que defiende a las empresas transnacionales. Así lo percibió el secretario ejecutivo de la Federación Regional Única de Campesinos del Altiplano Sur (Frutcas), Humberto Alex Ticona.
A través de los medios de comunicación social, la gente de Potosí se pronunció contra la demanda chilena, y exigió que los actuales gobernantes sean más serios en la defensa de los recursos naturales bolivianos porque se habla de la presentación de una demanda internacional en dos años mientras que los chilenos en un dos por tres se adelantan al país en su representación ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.