Familiares de Maricela Jhael Mamani, víctima de violencia familiar o doméstica, denunciaron al juez cautelar tercero en lo penal, José Luis Fuertes, por la supuesta mala aplicación de la Ley 348.

Según la madre de la víctima, Teodora Maya, la agresión física que sufrió su hija fue un intento de homicidio por las características que se describió en la audiencia de medidas cautelares contra su exesposo, Jorge Alejandro Miranda Fuertes.

Describió que el 12 de octubre, después que la víctima dejó a su hijo en el Kínder y volvía a su casa, fue interceptada por Miranda Fuertes quien directamente le propinó un golpe de puño en la ceja.

“Le ha tapado la boca, le ha querido estrangular. Esto ha sido un intento de homicidio. Qué es lo que ha querido hacer este señor”, denunció a los medios de comunicación.

Teodora Maya afirma que el juez se parcializó con el agresor de su hija porque tienen el mismo apellido. El primer apellido del juez es Fuertes, el segundo apellido del presunto agresor.

La acusación de los familiares de la víctima de violencia familiar, fue negada por el juez José Luis Fuertes. Aclaró que él sólo aplicó la ley porque no podía ordenar la detención preventiva del imputado. “A mí me pareció una solicitud del Ministerio Público muy gravosa para detenerlo a este ciudadano”, dijo en contacto con el Potosí.

El juzgador minimizó la denuncia señalando que el caso no era tan relevante como están queriendo mostrar a la opinión pública porque “la incapacidad de la víctima era de cinco días”.

José Luis Fuertes explicó que, por los días de incapacidad, que constituye el tipo penal de lesiones leves en el Código Penal, no podía ordenar la detención preventiva. “Y las lesiones leves cuando tienen hasta 12 días de incapacidad no tiene pena privativa de libertad, tiene simplemente trabajos comunitarios. Y, por eso, es que no ha sido tan relevante”, complementó.

El abogado defensor de la víctima, Richard Alejo, pidió la renuncia del juez porque, en su criterio, aplicó mal la ley. “La Ley 348 es de aplicación preferente. El juez debió aplicar esa ley y no el Código Penal”, dijo.

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