Microempresarios y comerciantes de Potosí anuncian movilizaciones para exigir al Gobierno la anulación del proyecto de Ley 323 que establece sanciones pecuniarias y cierre de negocios por la no emisión de facturas.
El presidente del sector, Fernando Ibáñez, dijo que la única menara de resistir el proyecto de ley es en las calles porque no están de acuerdo con el artículo 164 que establece las sanciones cuando el importe no sea facturado.
La resolución de rechazo fue emitida en un ampliado nacional de los Microempresarios y Comercio del Régimen General de Bolivia (Comapesbo) conjuntamente la organización de Surtidores de combustible del país.
“Se ha resuelto declarar alerta y estado de emergencia nacional para exigir la nulidad de la Ley 323 por ser inconstitucional, dictatorial, estranguladora ley de la inquisición”, dice el documento entregado a el Potosí.
Afirmó que la referida ley fue impugnada e incluso se sugirió algunos cambios pero, lastimosamente, no fueron escuchados por los asambleístas nacionales.
“La referida ley que pretenden aprobar atentan al libre trabajo y queremos que se nos escuche”, dijo. Luego señaló que la ley no se incrementa el impuesto, pero establece sanciones de cierre de negocios.
“Si algún contribuyente incurre en no dar la factura, inmediatamente se viene la clausura que son de muchos días. La primera es de diez días, segunda vez 25 días y así sucesivamente hasta el cierre definitivo con la privación de libertad”, complementó.
Dijo que, por determinación del ampliado, se decidió iniciar la concientización a sus afiliados para el “voto castigo al MAS” por traición, ya que muchos serán afectados por esta nueva ley.