La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas este lunes al informar que los focos de calor registrados en Bolivia durante 2026 ya sobrepasaron el máximo alcanzado el año pasado, lo que proyecta un panorama crítico de cara a la temporada de incendios forestales y evidencia la necesidad de reforzar las medidas preventivas.

“Este año estamos con 2.835 focos de calor al 21 de julio y este es un tema muy preocupante”, señaló el defensor del pueblo, Pedro Callisaya, al comparar la cifra con el pico de 2.536 focos registrado en 2025. La autoridad también recordó que en 2024 se llegó a 16.494 focos y en 2023 a 1.736, lo que muestra una tendencia variable pero igualmente alarmante.

En su evaluación, la Defensoría indicó que realiza seguimiento al cumplimiento de la Resolución Constitucional 233/2024, impulsada tras una acción popular con el objetivo de fortalecer la prevención de incendios. No obstante, el balance es poco alentador: apenas se registra un avance del 6% en las acciones preventivas, mientras que en áreas como restauración ambiental, salud, rendición de cuentas y control institucional los progresos son incluso menores.

Callisaya también observó falencias en la respuesta estatal, entre ellas la activación tardía de los comités de emergencia y limitaciones logísticas que enfrentan los bomberos voluntarios. A ello se suma la persistencia de quemas ilegales, consideradas una de las principales causas de los incendios forestales, cuya investigación y sanción —remarcó— debe ser prioritaria.

La autoridad enfatizó que esta problemática ha dejado de ser coyuntural para convertirse en estructural, debido a su impacto directo en derechos fundamentales como la vida, la salud, el medio ambiente y los territorios de los pueblos indígenas.

En ese marco, la Defensoría instó a las autoridades del nivel central, departamental y municipal a cumplir con la resolución constitucional, fortalecer las políticas de prevención y garantizar la protección de las áreas afectadas antes de que la crisis se agrave.

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