*Por: Azucena Fuertes

Exconcejala Municipal de Potosí por Unidad Nacional, víctima actual de acoso político.

“Asfixiada. Así murió Juana Quispe, concejala electa del municipio de Ancoraimes,  el 12 de marzo de 2012. Su cuerpo con signos de violencia fue encontrado  a orillas del río Orkojahuira de La Paz. El entonces alcalde Félix Huanca del Movimiento Al Socialismo (MAS) y los concejales Pastor Cutili, Basilia Ramos y Exalta Arismendi, quienes por 20 meses encabezaron una persecución en su contra, fueron los principales imputados. Pasados  seis años de su muerte  (hasta ahora ocho) están  en libertad.” (Pagina siete:2018). Su asesinato continúa impune.

“Todo había comenzado entre las 22.30 y las 23.00 horas. El celular del teniente Jorge Clavijo Ovando sonó y Hanalí se lo arrebató. Al leer el mensaje de texto que le envió una mujer, le reclamó su traición y corrió hasta la sala. Clavijo, especializado en artes marciales y muchísimo más alto, fue tras su esposa, la redujo, la levantó y la llevó al dormitorio donde la inmovilizó con una sábana. Luego sacó un puñal de un estuche guardado en el velador y la apuñaló 15 veces, en presencia del hijo de ambos de 5 años, que gritaba aterrorizado”. (Opinión: 2013)

Ambas fueron víctimas de los feminicidios más salvajes en Bolivia, sus vidas las segaron en horrendos crímenes que no concluyeron con una investigación convincente o un debido proceso, sin embargo, nos legaron dos importantes leyes para el ejercicio de los derechos de las mujeres: la Ley 348 ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (promulgada tras el feminicidio de Hanalí)  y la Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres (promulgada tras el feminicidio de Juana).

Ambas leyes se constituyeron en cartas de presentación por el gobierno ante la sociedad boliviana y la comunidad internacional, logrando reconocimiento global. No obstante, se ignora de manera sistemática que el alcance de ambas leyes ha costado “la vida de vida mujeres bolivianas”. 

Precisamente han sido dos mujeres en Bolivia, quienes con sus “muertes” nos legaron el mayor avance legislativo de protección a la mujer, cuyos feminicidios obligaron a que el gobierno asuma conciencia de que, en la exigencia de nuestros derechos, a las mujeres nos estaban matando.

El reconocer las leyes como una cesión paternalista por un gobierno de turno, simplifica las mismas y desconoce que han sido consecuencia de constantes luchas dentro y fuera del feminismo, mujeres que desde el hogar se han organizado para exigir derechos, garantías, seguridad y sobre todo justicia ante  atropellos civiles de las que fueron víctimas.

Por eso es importante reconocer la obtención de nuestros derechos “como mujeres” ha sido a través de vidas y muertes de “mujeres” en el ámbito privado, público y político; debemos ser conscientes de que cada norma en actual vigencia en Bolivia para el ejercicio de los derechos de las mujeres literalmente “ha costado sangre”; cada ley, cada artículo para el ejercicio de los derechos de las mujeres en el ámbito privado y público se ha “escrito con sangre”, sangre de mujeres cuyas vidas fueron salvajemente arrebatadas en el silencio de su hogar, de su barrio, o gritando con fuerza por su vida en sus casas o en las calles frente a la indiferencia gubernamental.

¡Nuestros derechos no se negocian y han costado sangre, hoy deben ser peleados desde la vida!.

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