Rodrigo Paz invitó a las empresas de Estados Unidos a invertir en Bolivia aduciendo que el país ha entrado en una nueva era, pero lleva diez meses sin haber enviado al parlamento un proyecto de ley de inversiones.
Si una empresa norteamericana atendiera la invitación y viniera a invertir en lo que fuera, encontraría que en Bolivia no existen seguridades jurídicas para los inversionistas, y desistiría. Se sentiría engañada. Casi estafada.
Si vas a invitar a alguien a tu casa, tendrás que preparar el ambiente, limpiar todos los espacios y dejarlos impecables, para dar una buena impresión y que los invitados se sientan cómodos.
El presidente no hizo la tarea y se fue a hacer las invitaciones sin recordar que él mismo destituyó a un ministro que había cometido la imprudencia de preparar las bases de una nueva ley de hidrocarburos.
Si viniera alguna empresa petrolera, de esas que ya están explotando los yacimientos de Venezuela, encontraría que el petróleo que produjera en Bolivia sería pagado por YPFB en 27,11 dólares el barril, cuando en el mundo está en 100.
Ese precio fue fijado por un decreto supremo de Carlos Mesa y el gobierno de Rodrigo Paz no ha tenido tiempo, en largos diez meses, de aprobar otro decreto que corrija ese error, junto con el precio del gas natural, fijado por aquel decreto en 1 dólar, mientras en el mundo se cotiza ahora en 3,14.
Esos empresarios que vendrían, atendiendo la invitación del presidente, se enterarían de que YPFB, en este momento, debe a las petroleras que operan en Bolivia un total de 340 millones de dólares correspondientes al petróleo y gas que entregaron con esos precios ridículos.
Es decir que la herencia dejada por el masismo está llena de políticas que ahuyentan las inversiones petroleras, políticas que el gobierno de Rodrigo Paz ni siquiera las ha rasguñado.
En la práctica, YPFB actúa como una superintendencia de hidrocarburos, lo que usa para imponer condiciones que las petroleras consideran abusivas.
Desde que el cocalero mayor dejó (si es que lo dejó) el gobierno, los empresarios privados bolivianos están pidiendo que retornen las seguridades jurídicas para las inversiones, esas que existían antes de la llegada del MAS.
Y los inversionistas extranjeros tienen como primera condición, cuando buscan un lugar para invertir, asegurarse de la existencia de seguridades jurídicas.
Pero en Bolivia incluso en la CPE existen artículos contrarios a las seguridades jurídicas, sin contar la cultura del bloqueo, que lo paraliza todo con demasiada frecuencia.
