La tragedia del Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada 2 (RAM-2) “Bolívar”, de Viacha, ha reavivado el debate sobre la obligatoriedad del servicio militar en Bolivia, un tema que Evo Morales declaró sepultado tras la promulgación de la Constitución Política del Estado, en 2009.
Pero no estaba muerto, ni andaba de parranda.
Ante la tragedia de Viacha, en la que la obligatoriedad del cuartel agregó elementos dramáticos, se multiplicaron las voces para su anulación y, en el fortín del frente, surgieron las advertencias de que sin servicio militar ya no tendríamos ejército, ni fuerzas armadas. Falso.
El servicio militar y las Fuerzas Armadas son cosas distintas. El primero es un mecanismo de reclutamiento; las segundas son una institución permanente del Estado. Un ejército puede funcionar con soldados que cumplen un servicio obligatorio, pero también con personal que ingresa voluntariamente. Lo demuestra la experiencia de numerosos países que mantienen fuerzas armadas profesionales sin conscripción ordinaria.
El debate, entonces, no debería plantearse como si hubiera que escoger entre cuartel o ausencia de ejército. La pregunta es otra: ¿qué modelo de Fuerzas Armadas necesita Bolivia?
Si el servicio fuera voluntario, los cuarteles no desaparecerían. Cambiaría la forma de incorporar soldados. Las Fuerzas Armadas tendrían que atraer jóvenes mediante remuneraciones, capacitación, posibilidades de carrera y otros incentivos. Eso probablemente elevaría el costo de cada efectivo y obligaría a revisar el tamaño y la distribución de las unidades militares.
Pero también podría producir una fuerza más profesional y motivada. La conscripción aporta cantidad; el voluntariado puede aportar permanencia. El problema está en cómo equilibrar ambas cosas.
Hay, además, un asunto que no puede soslayarse: la reserva. El servicio obligatorio permite que miles de jóvenes reciban instrucción militar y puedan constituir una reserva movilizable. Si se lo elimina, esa función tendría que ser reemplazada por un sistema de voluntarios y reservistas entrenados. De lo contrario, el país podría terminar con menos capacidad de movilización.
Y aquí aparece la cuestión que suele quedar fuera de la discusión: el dinero. Sustituir soldados conscriptos por voluntarios no sería gratis. Habría que calcular cuánto cuesta actualmente mantener a un conscripto y cuánto costaría un soldado voluntario con remuneración, seguridad social, formación y beneficios adecuados. La Ley 1178 obliga, además, a que semejante reforma se someta a planificación, presupuesto y control.
Hay finalmente un obstáculo constitucional. El artículo 249 establece que todo boliviano está obligado a prestar servicio militar de acuerdo con la ley. Por tanto, convertirlo en voluntario no sería simplemente cambiar un reglamento: exigiría una reforma de la Constitución. Ese fue el candado que le puso Evo Morales.
La tragedia de Viacha debería servir, por eso, para algo más que una disputa entre quienes quieren abolir el servicio militar y quienes lo defienden. Debería obligarnos a preguntar qué ejército queremos, cuántos efectivos necesitamos, cuánto cuesta mantenerlo y cómo garantizaríamos su reserva.
Porque el Ejército no depende de que el servicio militar sea obligatorio. Depende de que Bolivia decida, y pueda financiar, una política de defensa. Y política es lo que menos tiene.
(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
