El voto que invalida, inhabilita y hasta suprime a una organización política y a sus correspondientes actores es la más reciente innovación de la democracia boliviana.
Casi como por arte de magia, los votantes hicieron desaparecer del mapa político nacional a la fuerza que en las últimas dos décadas se había alzado con reiteradas y nutridas victorias en las urnas, a excepción de las elecciones judiciales de 2011 y 2017 y del referendo constitucional de 2016. Se trata, cómo no, del llamado Movimiento al Socialismo (MAS), que a su estrepitoso fracaso político y económico sumó ahora otro de índole comicial.
Lo ocurrido es ciertamente impresionante, pues de tener en el período 2020-2025 un total de 96 parlamentarios, es decir, una presencia de 61.14% en la Asamblea Legislativa, pasó a contar con 2 representantes en la legislatura recién iniciada, o sea, un 1.27 por ciento. Y en materia de sufragios, tras haber sumado en 2020 más de 3.3 millones de votos, en 2025 apenas pudo superar los 169 mil. Enfrenta, pues, una situación catastrófica.
Algo así no le había sucedido ni a los llamados “partidos tradicionales” en la etapa de cierre del ajuste estructural: en las elecciones de 2002, el entonces oficialismo en desgracia y sus socios (Movimiento Nacionalista Revolucionario, Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, Nueva Fuerza Republicana y Acción Democrática Nacionalista) lograron 19 curules de senadores y 96 de diputados, esto es, el 73.24% del entonces Congreso Nacional; en tanto que en 2005, aun en su derrota frente al MAS, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, Poder Democrático Social y Unidad Nacional consiguieron 73 parlamentarios, equivalentes al 46.49% de las cámaras. Hoy, en cambio, la representación del MAS prácticamente se esfumó.
Las cifras evidencian que en la primera vuelta de agosto pasado el masismo no atrajo ni a la mitad del medio millón de funcionarios públicos que parecían encontrarse a su disposición –y menos a los familiares de éstos–, lo que para el balotaje de octubre registró novedades adicionales.
El exjefe de esa agrupación ahora marginal, el exgobernante que fugó en 2019, pretendió arrogarse como apoyo en su favor el crecido número de votos nulos (1.3 millones) que se contabilizó el 17 de agosto, pero esa cantidad disminuyó notablemente para el 19 de octubre (cuando más se acercó a 317 mil), hecho que significa que un millón de votantes que antes anularon sus sufragios acabaron secundando a uno de los dos candidatos en la fase final y, por tanto, no eran los fieles seguidores que aquél creyó poseer.
La aritmética electoral refleja que los votos válidos aumentaron en 1.1 millones entre la primera y la segunda vuelta (pasaron de 5.3 a 6.4 millones), a la vez que los votos blancos se redujeron de 172 mil a 49 mil. El Partido Demócrata Cristiano y la Alianza Libre duplicaron sus respectivos volúmenes de votación: uno obtuvo 3.5 millones respecto a sus 1.7 millones previos y el otro llegó a 2.8 millones, siendo que con anterioridad su meta alcanzada había sido de 1.4 millones.
En consecuencia, se advierte que los dos contendientes del balotaje se repartieron el respaldo tanto de quienes antes anularon sus sufragios, como de aquellos que optaron en principio por la Alianza Unidad, así como de muchos que en la primera vuelta apoyaron a fuerzas menores, incluido el MAS. Se deduce esto del hecho de que hubo solo un aumento de 100 mil abstenciones con relación a lo ocurrido en la primera votación (los que no fueron a las urnas subieron de 1.3 a 1.4 millones). Esto quiere decir que únicamente el 2% de todos quienes sufragaron en la primera vuelta decidieron no hacerlo en la segunda, por lo que, como es obvio, el 98% de quienes sí votaron en agosto decidieron por una de las dos alternativas en octubre.
En otros términos, alrededor del 83% de los electores habilitados (7.9 millones) se alinearon con una de las dos fuerzas políticas finalistas; el otro 17% no votó, proporción de todos modos significativa que debiera ser considerada por futuros análisis.
Los resultados generales de los comicios 2025 muestran, en síntesis, que aquel voto que comenzó a catapultar al MAS en 2002 se transformó y fungió en esta ocasión como el recurso ciudadano para su cancelación, al igual que para saldar cuentas con su prole.
Queda claro, entonces, que el proceso electoral nacional de 2025 –con el voto anulador como protagonista– enterró al que tras agonizar entre 2016 y 2019 recibió la eutanasia de manos de sus propios parientes en los últimos cinco años. Con esos antecedentes, es probable que los comicios subnacionales de 2026 puedan suscribir su obituario.
