La elección del próximo 19 de octubre será trascendental para el futuro de Bolivia en los próximos años, seguramente por la próxima década. En un momento crítico para el país –por la gravedad de la desinstitucionalización de la democracia y la profundidad de la crisis económica, social y política–, el camino que siga el próximo gobierno determinará si reconstruimos una auténtica democracia, y nos encaminamos hacia un crecimiento sostenible, o nos seguimos sumergiendo en una crisis económica más profunda que nos llevará a un escenario de hiperinflación, frustrando la esperanza ciudadana de un cambio que permita liberar al país del populismo, que se basa la división y el odio entre bolivianos, para convertirlo en una nación moderna que acoja e incluya a todos sus habitantes.
No habrá escenarios intermedios. Si no se toman las medidas necesarias de forma oportuna, la economía no solo agravará su crisis si no que puede descontrolar fácilmente a la próxima gestión y llevarnos a un estado de profundo malestar social que inviabilice la siguiente gestión gubernamental.
Por ello, debemos tener claro que siempre se puede estar peor. La segunda vuelta electoral se definirá no solo entre personas sino entre caminos: o se reforma Bolivia, y de ello dependerá si el cambio será duradero; o sufriremos un nuevo fracaso nacional que prolongará la decadencia del país, perdiendo otra oportunidad de modernizarlo y desarrollarlo.
Lo curioso en esta ocasión es que en los planteamientos generales no pareciera haber mayores diferencias entre los dos candidatos. Lo que sí se percibe es una diferencia de consistencia entre las visiones de cómo enfrentar los problemas que amenazan la estabilidad económica y social de Bolivia. En mi opinión, en estas circunstancias, las formas y los tiempos determinarán una distancia profunda entre las consecuencias de decirle la verdad a la población sobre la gravedad de la crisis y, en consecuencia, tomar las medidas correspondientes al inicio de la gestión; o si se caerá en medidas limitadas e insuficientes, marcadas por las propuestas demagógicas de la campaña electoral que no lograrán solucionar la crisis, más, por el contrario, la dispararán con consecuencias imprevisibles.
Aquí se cumplirá aquello de que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Aprendiendo de la historia, entre el 1982 y 1985, el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP), dirigido por el expresidente Hernán Siles Suazo y conformado por el MNRI, el MIR y el PCB, estableció un régimen de cogobierno con la COB, por el cual se buscó combatir la inflación con medidas populistas y permanentes aumentos salariales que nunca pudieron alcanzar el incremento de precios, porque se basaban en la impresión de billetes sin ningún respaldo, a tal punto que al final ya no daba tiempo de imprimirlos en el exterior con las medidas de seguridad necesarias, y se dio curso a la impresión de los llamados “cheques de gerencia” en imprentas locales que se borraban rápidamente porque no resistían la manipulación de las transacciones económicas. El resultado fue una hiperinflación que al finalizar el gobierno superaba el 20.000%, si se la calculaba de forma anualizada, y un empobrecimiento generalizado de la población.
Continuando con las lecciones de nuestra propia historia, en agosto de 1985, el presidente Paz Estenssoro promulgó el Decreto Supremo 21060, antes de cumplir un mes de su gestión, el cual sería implementado con el apoyo del expresidente Banzer, y que constituye uno de los mayores casos de éxito de las políticas públicas de los últimos cien años, puesto que paró rápidamente la espiral inflacionaria, estabilizó el tipo de cambio e inició la ruta de reformas que permitieron lograr niveles de desarrollo productivo y exportador, de los cuales seguimos viviendo 40 años después, a pesar de la destrucción de las bases productivas que ha provocado los últimos 20 años de populismo estatista.
Al final del día el voto de la mayoría en la segunda vuelta definirá el futuro de todos. En la opinión pública, y en los lideres de opinión, prevalece la crítica y la queja sobre los políticos, pero se olvidan de que son elegidos por los mismos votantes y que reflejan la cultura y visiones que prevalecen en la sociedad.
Es hora de que cada boliviano habilitado para votar no solo ejerza su derecho sino también asuma la responsabilidad por su elección. Las quejas del día después ya no tendrán sentido.
