El actual escenario electoral trasciende la mera impresión de un sistema de partidos desordenado o la clásica pugna faccional por el poder. Lo que vemos es un fenómeno mucho más complejo: el desmoronamiento de la arquitectura de representación y participación política que, aun con sus limitaciones históricas, proveía a lo largo de la democracia una mínima coherencia al entramado estatal. La impresión que los ciudadanos tenemos es que se ha destruido la intermediación entre la sociedad civil y el Estado, es decir, ya son insalvables las contradicciones entre la ciudadanía y el poder del Estado autoritario.
La notoria fragmentación partidaria y la volatilidad de las lealtades políticas son, en este sentido, epifenómenos de un proceso más vasto que dan cuenta de un momento caracterizado por un significativo debilitamiento del tejido social. La erosión de la confianza, la polarización social, la racialización de la política y la fragmentación de las instituciones, sumada a la emergencia de múltiples identidades colectivas inmersas en el caos producido por 20 años de desgobierno, dificultan enormemente la construcción de proyectos comunes y espacios de deliberación ciudadana que se expresen como nuevas lecturas de la realidad.
A este debilitamiento de los lazos sociales subyace la dificultad de articular visiones políticas que superen la matriz etnocéntrica y las inercias del modelo autoritario instrumentado por el Movimiento al Socialismo (MAS) durante casi dos décadas. Lo que experimentamos podría catalogarse como una crisis terminal de los paradigmas políticos que han orientado el país. Tanto el modelo nacido de la Revolución Nacional como el proyecto plurinacional parecen haber agotado su capacidad de ofrecer respuestas efectivas a las demandas sociales y a los desafíos estructurales de Bolivia. Nos enfrentamos no solo a una crisis de gestión o de liderazgos, sino al agotamiento de las propias matrices ideológicas y programáticas que han definido el campo político en los últimos 74 años (1952-2019).
Esta crisis paradigmática se manifiesta dramáticamente en la sensación cotidiana de que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, y en medio de este interregno el orden político, con sus actores, narrativas e instituciones en franca caída, evidencia una creciente incapacidad para sostenerse o reinventarse. En todo caso, sus estructuras se muestran cada vez más disfuncionales frente a la emergencia de nuevas formas de subjetividad política, nuevas identidades, demandas sectoriales impostergables, sensibilidades generacionales y territoriales en las calles, etc. Todo diseña un momento de crisis pocas veces visto en la historia republicana de la nación.
Más allá de las responsabilidades individuales, se trata de un momento de la historia, un episodio más de las terribles transiciones epocales de las sociedades modernas. Ante este panorama, emerge con fuerza la necesidad imperiosa de una renovación política sustantiva. Dicha renovación no implica únicamente un recambio generacional o de figuras, sino la capacidad de repensar las bases del pacto social y diseñar una solución de continuidad histórica que permita superar el agotamiento del ciclo estatal inaugurado en 1952. La tarea pendiente es, pues, la articulación de un nuevo “horizonte de sentido” para el siglo XXI, y esa articulación está en manos, en gran parte, del poder ciudadano emergente.
