Hasta hace unos meses, o, para ganar más precisión, antes de que el gobernante MAS se dividiera en las fracciones que ahora parecen querer sacarse los ojos, una de las demandas más repetidas desde las regiones era la de establecer un nuevo Pacto Fiscal. Hay que admitir que, entre mirar las peleas de “evistas” y “arcistas” y todo el menjunje en que se convirtió el asunto de las elecciones judiciales y la prórroga de las altas autoridades del Órgano Judicial, prácticamente nos hemos olvidado de esa aspiración.
En estos momentos en los que la economía boliviana parece pender de un hilo, parece un despropósito plantear la urgencia de un Pacto Fiscal, y, sin embargo, posiblemente sea el momento más propicio para hacerlo y llegar a las conclusiones más acordes y sostenibles.
El actual sistema de distribución de recursos y competencias es un auténtico despropósito y no cumple con las expectativas de la Constitución Política del Estado (CPE) ni mucho menos con las necesidades de la gente. Hay varias razones para esto, pero básicamente tiene que ver con un sistema preconstitucional, es decir, diseñado cuando las prefecturas eran simples brazos ejecutores del gobierno nacional a las que se les transferían recursos negociados previamente en La Paz en base a saber qué criterios. El peso entonces era de las alcaldías y, por aquello de hacer guiños, se distribuía también con las universidades, que muy a menudo hacían de caja B para los cuadros de los partidos.
La CPE de 2009 incorpora la autonomía, aquella pactada con concesiones de unos y otros que fue aún más ajustada con la Ley Marco de Autonomías, que exigía pedir permiso para comprar hasta una lapicera, subordinaba la aprobación de presupuestos de una entidad a la otra y también amenazaba con fulminar a cualquier gobernador electo con simple acusación formal, como así se hizo, aunque años después fuera declarado inconstitucional.
Esa misma Ley es la que finalmente definió las competencias que se transferían a las nuevas instituciones, y dejó su financiación en manos de un futuro pacto fiscal en base al Censo que debía realizarse en 2011, que se hizo en 2012 y que no tuvo resultados hasta 2014. El objetivo era redistribuir recursos y, hasta hoy, eso no se ha hecho por muchas mesas y coordinadoras que se hayan armado para debatir sobre otros aspectos tangenciales.
El problema es que la autonomía de hoy, que medio país aún rechaza y sobrevive con una Ley transitoria por la incapacidad de gestionar su propio Estatuto, se sostiene sobre unos recursos volubles como los de las regalías sobre los que las regiones no tienen ninguna capacidad de incidir en ningún modo salvo, eso sí, autorizar a que las transnacionales perforen su territorio sin clemencia en base a promesas de redistribución y algún puesto de trabajo ocasional como chofer o cocinera.
En la época de las vacas gordas, las autonomías solo han servido para inflar la burocrática estructura de la función pública, incapaz de brindar mejores servicios de forma más eficiente. Y es que nada de eso se puede hacer mientras desde La Paz se sigue ahogando y negando los afanes autonomistas de los territorios, que simplemente quieren ser parte activa y no meros espectadores de los destinos de la Patria.
Con división del partido gobernante o sin división, con peleas o sin peleas, con elecciones o sin elecciones, con censo o sin censo, urge un nuevo pacto fiscal y, para eso, es preciso que, primero, el tema sea reposicionado en la agenda de los actores políticos, y, según, que el gobierno central, en sus diferentes órganos, diga, de manera clara, si tiene interés o no de tratar este tema.
