Si de incrementar las recaudaciones se trata, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) en este último tiempo ha materializado el sistema de facturación en línea, para conocer en tiempo real cada una de las ventas de bienes y servicios, el monto en dinero pagado y la identidad de las personas que intervienen (comprador y vendedor). En los primeros meses de transición, el nuevo sistema ha soportado una serie de dificultades tecnológicas en su implementación; pero poco a poco está funcionando para saber quiénes verdaderamente están contribuyendo en el país.
Son más de 30 años de aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y ya quedó claro que los regímenes tributarios que cobijan a los trabajadores dependientes, los profesionales liberales, los cuentapropistas, gremialistas, artesanos, comerciantes minoristas, transportistas y agropecuarios representan en las estadísticas nacionales, los principales contribuyentes del IVA, pese a que su aporte al impuesto sobre los ingresos personales, denominado Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RCIVA) es bastante marginal o casi nulo. Es pues, sobre este gran grupo de personas naturales que recae la obligación tributaria de pago del IVA y la carga fiscal.
El verdadero potencial del nuevo sistema de facturación radica en la acumulación de datos que permiten saber qué personas están comprando y soportando el IVA, sin informar la fuente de sus ingresos. Poco a poco la administración tributaria está obligando a la mayor cantidad de personas naturales a facturar, registrar y/o reportar las facturas por sus compras a través del aplicativo “Mis Facturas”. Lo que se pretende es que este deber formal sea transversal, general y universal, de tal modo que no se abstraiga ningún ciudadano. Se podría incluso estimular de manera efectiva el uso de esta aplicación, simplemente, como una fuente de información valiosísima.
Todas las personas naturales, incluidos los naturales del Chapare, deberían ser incluidos en el RCIVA para transparentar sus compras. Así el fisco podría fiscalizar y controlar a todos los que estén reportando compras por encima de un monto máximo que no está alcanzado por el impuesto a los ingresos personales. Estos ciudadanos deberían justificar el origen de sus ingresos, como lo están haciendo todos los mortales del RCIVA y del régimen del Reintegro en Efectivo del IVA. Así se aumenta el control fiscal sobre los deberes formales sin presionar a los contribuyentes y sin que paguen de manera mensual algún impuesto. El fisco pierde en recaudación, pero gana en información.
Entonces para viabilizar esta propuesta, dentro las muchas que ya existen, el SIN debería establecer la norma transversal que simplemente obligue a todos los emisores de facturas, en una modalidad de facturación distinta a las modalidades de facturación en línea, que consignen el nombre del comprador. Sin importar la cuantía de la transacción el comprador debe proporcionar sus datos de identidad. Esto implica la eliminación para siempre de las famosas “facturas sin nombre". El deber formal de “nominar” las facturas debería ir acompañada del deber formal de exigir la factura, que es otra de las tareas ineludibles para incrementar las recaudaciones.
Los problemas sociales provocados por la pandemia, han colocado en difíciles situaciones económicas a cientos de miles de bolivianos que, de la noche a la mañana, han aparecido en sectores sociales vinculados con el comercio minorista (marketplace), el transporte público (deliveris), servicios gastronómicos y otros rubros. La propuesta es que estos sectores populares no paguen impuestos por sus ingresos o rentas, pero sí que asuman el deber formal de exigir las facturas por sus compras de bienes y servicios; y que las registren en el aplicativo Mis Facturas. Este puede ser el primer paso para ir pensando, más adelante, en la creación del impuesto a la renta de las personas naturales.
