Los últimos reportes del Ministerio de Minería y Metalurgia dan cuenta que la actividad extractiva de minerales no solo da buenos réditos sino que sigue siendo uno de los pilares de la economía boliviana.
En este 2018 que termina, las cotizaciones de los minerales no subieron en los niveles de los años de la bonanza pero se mantuvieron en niveles aceptables. Eso permitió que suba el volumen de ventas a proporciones pocas veces vistas. El efecto positivo para las regiones es que también se incrementó el pago de regalías mineras, no solo a los departamentos tradicionalmente productores de minerales, como Potosí, Oruro y La Paz, sino también a Chuquisaca que ya se sumó de manera formal a ese grupo.
Y es que, con todo y sus dificultades y riesgos, la minería sigue siendo un buen negocio. Solo así se explica que las empresas dedicadas a ese rubro hayan aumentado en cantidad.
Por lo apuntado, es preciso poner atención al proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados que dispone, como consecuencia de reformas a la Ley de Minería y Metalurgia, que las cooperativas mineras ya pueden operar en las áreas fiscales.
Según el artículo 13 de la referida ley, el área minera es “la extensión geográfica destinada a la realización de actividades de prospección, exploración y explotación, junto con otras de la cadena productiva minera…” y adquiere carácter “fiscal” cuando, al tenor del artículo 24, el Estado se la reserva “con la finalidad de efectuar labores de prospección, exploración y evaluación”.
Por tanto, el área fiscal no es otra que la reserva fiscal, aquella que se cuidaba celosamente para el Estado y, a partir del momento en que el proyecto sea promulgado como ley, estará, también, a disposición de las cooperativas mineras.
Si el régimen cooperativo de la minería sería como debe ser, con la participación de varias personas en un mismo emprendimiento, esta sería una buena noticia. Sin embargo, como es de conocimiento general, en Bolivia “cooperativa” es simplemente un rótulo que se utiliza para disfrazar la actividad de una empresa privada en la que existen patrones y empleados.
El cooperativismo minero no es solidario ni distributivo. Está orientado al beneficio de un número reducido de personas que, para colmo, ni siquiera reinvierten sus utilidades en las regiones donde ejecutan sus operaciones mineras. Debido a ello, es preocupante que también se les permita trabajar en las reservas fiscales.
Se trata de una noticia preocupante pero no sorprendente. Después de todo, el actual gobierno ha demostrado su inclinación hacia el cooperativismo minero, que fue su aliado desde el principio, incluso en el momento de proyectar la actual ley minera. No se debe olvidar que incluyó la figura de los “derechos preconstituidos”, que están en el artículo 130, y, al tratar el caso específico de sus aliados, incluyó el parágrafo b que establece textualmente que “los contratos de arrendamiento suscritos por la Comibol con las cooperativas mineras respecto de sus concesiones propias o las de la minería nacionalizada, que se adecuarán a contrato administrativo minero, a suscribirse con la AJAM, que respetará las características propias de cada contrato de arrendamiento”.
Pero hubo un momento de quiebre, que coincidió con la muerte del viceministro Rodolfo Illanes. Fue cuando se promulgó la Ley 845 que levantaba los privilegios de las cooperativas mineras, incluidos los denominados “derechos preconstituidos”.
Ahora todo ha vuelto a su cauce natural. Los cooperativistas volvieron a ser los aliados del gobierno y lo que se está haciendo es restituirles sus privilegios. No es una medida económica sino política.
