El Gobierno ha anunciado un nuevo aumento en los impuestos a las utilidades de los bancos, decisión que, además de dar una preocupante señal sobre el estado de las finanzas públicas, ha suscitado, en general, reacciones de rechazo.
La banca es uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía. En los últimos años ha acompañado el crecimiento del mercado interno a través de vincular los ahorros con las inversiones y otorgar a la población un buen margen de confianza en el manejo de su dinero. Es también uno de los sectores que paga remuneraciones más altas a sus trabajadores. Pero, no es simpática. Los ahorristas sienten que les pagan intereses muy bajos y los inversionistas que les cobran intereses muy altos y exigen muchas garantías, sin considerar que la administración financiera tiene costos que son más elevados, cuanto más bajos son los depósitos y los créditos (por eso, con el crecimiento de la economía y la expansión del sistema, las tasas de interés fueron bajando a lo largo de los años).
Además, varias experiencias negativas en el manejo de la banca han provocado un generalizado apoyo al control a los bancos, razón por la que este sector es el más regulado de la economía nacional. En ningún otro, el Estado y el público pueden conocer tan de cerca sus estados financieros, revisar sus balances o saber quiénes son los socios y los ejecutivos, y en pocos sectores los organismos estatales tienen tanta capacidad para determinar precios, orientar mercados, sancionar prácticas o definir ritmos de crecimiento.
Empero, ante ese escenario resulta sorprendente que un 61 por ciento de quienes visitan nuestra página web rechace la propuesta de aumentar el impuesto a las utilidades de la banca. Se trata, hay que aclarar, de un dato sin representatividad estadística, pero ilustrativo de lo que piensan nuestros lectores.
Resumiendo, la tasa impositiva subiría del 47 al 50 por ciento, cuando para el resto de las empresas el Impuesto sobre las Utilidades es del 25 por ciento. Es decir, cuanto mejor sea el desempeño de la banca, mayor será el impuesto que parece funcionar como castigo a la eficiencia. Por si fuera poco, existe un “fondo de protección al ahorrista” que maneja a discreción el Ministerio de Economía, al cual los bancos están obligados a aportar con el 6 por ciento de sus utilidades netas.
Este aumento, en términos de ingresos tributarios, es poco, lo que sugiere que la caja fiscal está muy necesitada, percepción que pone en duda la solvencia que pregonan las autoridades. La banca tal vez soporte este recorte de sus utilidades, aunque seguramente habrá más fusiones y adecuaciones, y el problema será para el público, pues el dólar que pueden perder la entidades financieras, representa, en realidad, una contracción de 10 dólares en la disponibilidad del crédito, lo cual puede redundar en tasas más altas o condiciones más difíciles de acceso sobre todo para los pequeños productores y el crecimiento del PIB que se verá afectado.
Es decir, al no considerar consecuencias como las señaladas, pareciera que se olvida que la economía debe estar al servicio de la gente y no de las necesidades de la burocracia estatal.
