“La abogacía es para juzgar delincuentes, no para ser defensores”, este el equivocado criterio del presidente Evo Morales, generalizando y queriendo menospreciar la labor de los abogados, muchos que en la profesión libre deambulan por fiscalías, juzgados y tribunales pretendiendo hacer prevalecer derechos y buscando una justicia realmente justa. La expresión ‘abogar’ se asocia a la idea de un juicio, significa defender a alguien, se puede abogar sin estar en un proceso judicial; el concepto es profundamente social. La abogacía es una noble profesión de fuerte sentido académico, alto contenido social e indisolublemente comprometida con la democracia constitucional y fiel representante de un sistema democrático de Derecho.
La potestad de ‘juzgar’ e impartir justicia emana del pueblo boliviano, se sustenta bajo los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, entre otros, a través de la función judicial de los tribunales y juzgados, (art. 178 y sgtes. de la CPE), por lo que los abogados en ejercicio no tenemos la facultad ni la potestad de juzgar, pero sí podemos asumir defensa en materia penal de cualquier justiciable ante la desigualdad del poder sancionador del Estado, todo lo contrario esgrimido por el presidente.
Los abogados en materia penal somos defensores del derecho ante el Estado, por lo que no se puede menospreciar, restringir, obstaculizar, perseguir o encarcelar, esto atenta contra la libertad de trabajo (art. 9 num. 5 CPE). La Declaración Universal de las NNUU, conocida como los Principios básicos sobre la función de los abogados, indica, en su art. 18: “Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones” y el Código de Ética para el ejercicio de la Abogacía aclara que “el abogado tiene derecho a la inviolabilidad por las opiniones verbales o escritas que emita en el ejercicio profesional” (art. 7), por lo tanto el abogado es inviolable por los alegatos que pueda emitir en defensa del justiciable.
Querer perseguir y criminalizar a abogados que asistan a ‘presuntos’ delincuentes atenta contra el libre desempeño de la abogacía penal y es un parámetro que infiere que el Gobierno se está apartando del Estado de Derecho, migrando poco a poco hacia un sistema anárquico autocrático, dictatorial, por lo que al no existir un pleno Estado de Derecho ya de por sí se desvanece el rol del abogado defensor en su profundo sentido constitucional. La actitud del presidente condice con una mirada totalitaria hacia la abogacía, el periodismo y la sociedad. Debe rechazarse y denunciar a foros internacionales el injusto procesamiento del abogado Eduardo León y los otros dos colegas.
