Los bonos, un patrimonio que se debe preservar

Durante los últimos días, en medio de las demandas de los discapacitados que piden un aumento en el monto que reciben para paliar sus penurias, el presidente Evo Morales ha puesto en duda la necesidad y conveniencia de destinar una parte de los recursos económicos de los que dispone el erario nacional al pago de los diferentes bonos que benefician a diferentes sectores de la población. “A veces mucha plata se va sólo para las subvenciones, sólo se va para bonos, rentas, qué plata vamos a invertir para el crecimiento económico” dijo. Se refería, claro está, al bono Juana Azurduy que se otorga a mujeres embarazadas; al Juancito Pinto que beneficia a niños que van a escuelas fiscales; al que reciben personas con discapacidad; y, el más antiguo e importante de todos, la Renta Dignidad para los mayores de 60 años.
Es probable que tal manera de plantear el tema no haya sido más que una expresión de la preocupación presidencial por las dificultades que se avecinan y que por consiguiente no tengan mayores consecuencias. Más aún si en más de una oportunidad las autoridades del área económica han expuesto su intención de mantener proyectada al largo plazo la fórmula de los bonos como una muy efectiva manera de redistribuir la riqueza. No está demás, sin embargo, recordar que son muchos los estudios que indican que lejos de ser un gasto improductivo, los bonos son un pilar fundamental de los buenos resultados que ha tenido la política económica boliviana durante los últimos tiempos.
En efecto, hace no mucho tiempo el Gobierno así lo reconoció. Y no sólo ratificó su intención de mantener los bonos ya existentes sino que anunció la posibilidad de crear unos nuevos, además de fijar un porcentaje anual más alto para el incremento salarial e impulsar subvenciones cruzadas. Al justificar esa posibilidad, se dijo que la experiencia había demostrado que además de sus efectos positivos para la redistribución de la pobreza, el aumento de los ingresos de la población es un factor clave para potenciar la demanda interna y su efecto multiplicador.
No es casual por eso que la fórmula de los bonos se haya mantenido incólume desde hace ya casi 23 años, cuando comenzó a ser aplicada en 1993 durante el primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada con la creación del Bono Solidaridad (Bonosol), el hoy denominado Renta Dignidad.
Como se podrá recordar, desde que se concibió el Bonosol como un muy novedoso procedimiento de distribución de la riqueza minimizando la intervención de la burocracia estatal, el concepto fue objeto de elogiosos comentarios. Muchos de los más prestigiosos economistas de nuestro país sostienen que los resultados acumulados durante más de dos décadas son de lo más positivos y en muy importantes centros académicos del exterior también se han hecho estudios que atribuyen buena parte del relativo éxito boliviano a la fórmula de los bonos sociales.
Con esos antecedentes, es de esperar que no prospere la tentación de revisar la fórmula de los bonos, a no ser que se lo haga para fortalecerla y perfeccionarla. De otro modo, además de los previsibles efectos sociales negativos, se debilitaría uno de los pilares sobre los que se sostiene la solidez de la economía nacional.