Si hay algo que se puede y debe valorar positivamente de la actual gestión gubernamental, que se destaca más por los muchos desaciertos en otras áreas, es la relativa prudencia y responsabilidad con que se conduce la economía nacional. A eso se debe en gran medida que Bolivia se mantenga año tras año a la vanguardia de los países que ostentan mejores resultados macroeconómicos, aspecto que es elogiado por organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), entre otros.
Estos no están solos en su labor laudatoria de la política económica boliviana, pues a ellos se suman organismos privados, como las principales agencias calificadoras de riesgo. Es el caso de Fitch Ratings, Standard & Poor’s o Moody’s, que coinciden al señalar a Bolivia entre los países con mejores indicadores.
Además de las siempre cuestionables opiniones de las élites tecnocráticas —públicas o privadas— que se arrogan el rol de guardianes mundiales de la racionalidad económica y la disciplina fiscal, hay a favor de Bolivia una fuerte corriente de opinión en influyentes círculos académicos que se refieren también en términos aprobatorios a la manera como en los últimos años se han administrado los recursos económicos de nuestro país.
Desde el punto de vista práctico, y más allá de las controversiales visiones teóricas, los resultados prácticos son también elocuentes. Basta comparar la actual situación de la economía boliviana con la de Venezuela, por ejemplo, para constatar que hay una gran diferencia que merece ser bien valorada.
Ese balance positivo no es atribuible al azar. Es más bien resultado de la perseverancia con que hasta ahora se han mantenido firmes los pilares fundamentales de la política económica inaugurada en 1985. Y aunque no son pocos los desaciertos que se han cometido y muchas las concesiones hechas en nombre de un “socialismo” imaginario, lo que importa al hacer el ajuste de cuentas es que, por lo menos hasta el presente, la racionalidad económica ha terminado imponiéndose.
Dos claras muestras de lo dicho han sido dadas por el Gobierno nacional durante los últimos días. Una de ellas ha sido la velocidad con que, en menos de una semana, se ha descartado la absurda intención de cambiar los actuales billetes por unos nuevos y, más absurdo aún, poner en circulación billetes de 500 bolivianos.
Menos de una semana duró la propuesta, pues rápidamente se impuso la opinión y la autoridad del ministro de Economía y Finanzas Públicas.
Otra señal en el mismo sentido fue dada al cumplir el anuncio gubernamental, hecho en meses pasados, de no subvencionar a empresas públicas deficitarias.
Enatex ha sido una primera muestra de severidad y es de esperar que no sea la única, pues hay muchas otras empresas públicas, entre las que se destacan las militares, que merecen similar rigor.
Ahora, cuando la época de la bonanza económica ha llegado a su fin y se vislumbran tiempos muy difíciles para la economía nacional, es más importante que nunca que el Gobierno persevere en esta línea de acción y no caiga en la tentación de recurrir a fórmulas cuya inutilidad ya ha sido ampliamente demostrada por experiencias propias y ajenas.
