Aunque con muchos años de demora, pues este desenlace era previsible desde hace mucho tiempo, el Gobierno nacional ha decidido, por fin, proceder al cierre de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Textiles (Enatex). Y aunque las versiones oficiales insisten en afirmar, contra toda evidencia, que no se trató de una quiebra, lo cierto es que se ha puesto fin a una larga agonía ocasionada por la falta de eficiencia con que esa empresa pública fue administrada durante los últimos años.
Desde un punto de vista práctico, la decisión gubernamental es muy buena porque de ese modo se evita que las pérdidas continúen multiplicándose y por consiguiente se detiene el derroche de dineros públicos. Un segundo aspecto positivo de la medida es que tiene un muy alto valor aleccionador pues se constituye en una prueba incontrastable de lo desastrosos que pueden llegar a ser los resultados de una gestión estatal incompetente, inspirada en desacreditadas fórmulas ideológicas a espaldas de los más elementales criterios de eficiencia empresarial.
En lo que al primer aspecto se refiere, no es posible precisar la magnitud del daño causado al erario nacional por el descalabro de Enatex. Y no lo es porque una de las características principales de las empresas públicas es, precisamente, la falta de transparencia con que sus cuentas son administradas.
El segundo aspecto positivo del cierre de Enatex es que pone en evidencia, una vez más, que una de las peores inversiones que puede hacer un país es poner empresas productivas en manos de funcionarios estatales. Es una experiencia que, por lo aleccionadora que es, debe servir para cerrar cualquier margen de acción a quienes desde algunos flancos de las filas gubernamentales todavía insisten en la posibilidad de transferir al Estado otras unidades productivas.
Es también importante, si en verdad se quiere que este tipo de fracasos no se repita, que sus autores intelectuales y materiales sean identificados y rindan cuentas al país de sus actos No es admisible que quienes por sus extravíos ideológicos y su incompetencia profesional causan multimillonarios daños al Estado no paguen de algún modo las consecuencias de sus desaciertos.
Por otra parte, el reconocimiento oficial del fracaso del experimento estatista de Enatex debe servir como modelo para proceder del mismo modo con otras empresas estatales que atraviesan por similares dificultades y cuyo destino, por consiguiente, no debe ser diferente. Es el caso, por ejemplo, de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) y la Empresa Nacional Automotriz (Enauto) que, como muchas otras empresas administradas por las Fuerzas Armadas, arrojan pérdidas año tras año sin que nadie se haga responsable por ellas. Algo similar puede decirse de Empresa Boliviana de Almendras (EBA), Cartonbol o Papelbol, entre muchas otras que tienen serias dificultades para cumplir con sus obligaciones laborales, sociales y tributarias.
Para que ello ocurra, es de esperar que el Ministro de Economía y Finanzas Públicas cumpla los muchos compromisos adquiridos con el país en ese sentido cuando en más de una oportunidad anunció el cierre de empresas públicas deficitarias.
