La suspensión de la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, estaba cantada. Lo único que faltaba saber era cuánto tiempo tardaría y tardó 20 horas, tiempo en el que los senadores, con una mayoría —ahora se ve— proclive a la oposición simplemente ejecutaron lo que se había decidido a nivel de sus cúpulas políticas.
Por tanto, lo que pasó en Brasil no fue un acto de fiscalización o justicia. Todo es parte del juego político. Los enemigos del Partido de los Trabajadores (PT) —en función de gobierno— jugaron bien sus fichas y pusieron los pesos y contrapesos donde tenía que ser. Y listo. El resto fue la pantomima de la votación.
Claro que detrás de las acusaciones contra Rousseff debe haber algo de verdad. El manejo de dineros fiscales en fines particulares y los sobornos para obras públicas no son poca cosa pero, si se revisa la acusación, se verá que no la juzgan por eso sino ¡por haber maquillado los resultados económicos del país! Si esa misma lógica se aplicaría en otros países, miles de gobernantes estarían presos, incluido nuestro presidente, gobernadores y alcaldes, sean del oficialismo o la oposición.
Más allá de si hubo vulneración a la ley o no, lo que pasa en Brasil es simplemente un juego político. En una votación gana la mayoría así que lo primero que se debe hacer es conseguir esa mayoría. La derecha brasileña lo hizo. Obtuvo mayoría de la Cámara de Diputados e hizo lo propio en la de Senadores. Lo demás fue levantar la mano, aunque con discursos pantagruélicos de por medio.
Y lo que pasó no es más que un calco, una repetición casi exacta de lo sucedido en 1992 cuando el entonces presidente del Brasil, Fernando Collor de Mello, fue sometido a un proceso político por acusaciones muy parecidas a las que se hace a Dilma. La diferencia es que, en aquel año, el presidente, Collor de Mello, era de derecha y el Parlamento que consiguió la mayoría para destituirlo era con una fuerte tendencia de izquierda. Ahora las cosas son al revés: Dilma es de izquierda y el Parlamento es de derecha. La prueba de esto último está en la composición del nuevo gabinete ministerial: hay gente identificada con la banca, el modelo de libre mercado y, de paso, el canciller es uno de los más acérrimos enemigos de Lula da Silva y, consiguientemente, de la propia Dilma.
En 1992, Collor de Mello prefirió renunciar antes de que se apruebe la resolución de destitución. Dilma esperó hasta el final y le fue como le fue. La jugada de Collor de Mello es que esperó a que cambie la composición en el Parlamento para volver a plantear su caso y, cuando lo hizo, ya ante otros diputados y senadores, consiguió que lo absuelvan.
Todavía no se sabe lo que hará Dilma Rousseff porque su convocatoria a la resistencia popular es más testimonial que efectiva. La gente podrá salir a las calles pero eso les importa poco a los políticos.
No importa que millones protesten en las calles porque lo más importante para los políticos es preservar el poder. Es muy difícil que el PT gane en las calles lo que no pudo defender en el Parlamento.
Lo que se viene es un ajuste de cuentas cuyas primeras víctimas serán Dilma y Lula. Después de todo, el expresidente es el más peligroso rival que podría tener la derecha, ahora en el poder. Segurasmente buscarán anularlo, inhabilitarlo para el ejercicio de cargos públicos y así evitarán que vuelva a candidatear. Y eso también es parte del cochino juego político.
