Un hecho que siempre ha llamado la atención es el caso de la posición irresoluta que han adoptado las autoridades de POTOSÍ y del ESTADO DE BOLIVIA en el caso del uso de las aguas del Silala ya que desde el pasado, que no es reciente, siempre hemos escuchado hablar del derecho potosino y del Estado boliviano sobre las vertientes de las aguas del Silala. Sin embargo, nunca se ha tomado una actitud decidida de sentar un precedente geopolítico por parte de Bolivia y el Departamento de Potosí, sobre el aspecto de ejercitar soberanía. Este hecho ha permitido que el tiempo pase inexorablemente, sin que se haga nada para reivindicar ese derecho, que no es espectaticio, sino un derecho inalienable, de parte de Bolivia y de Potosí.
Debemos hacer hincapié en el hecho de que no ha habido una decisión práctica y técnica, sino bastante temor para emprender esa acción práctica y técnica, que podía haber resuelto la necesidad de sentar soberanía ejecutando las obras de canalización de esas aguas, conforme lo hizo chile aprovechándose del convenio con la empresa ferrocarrilera INGLESA, que modificó el curso del mismo, para poder obtener un mejor caudal, que ha hecho posible que resuelva sus necesidades de proveer a sus minas de Chuquicamata y para el servicio doméstico de la región. Hecho que nos ha hecho conocer el Vicecanciller de Bolivia Carlos Alurralde, porque ese servicio ha sido suspendido para resolver la producción intensiva de la explotación cuprífera, además de que Chile se ha permitido hacer perforaciones subterráneas para poder desviar las vertientes que nacen en el territorio de Bolivia.
Estos hechos nos enseñan cómo debe resolverse ese problema por parte de Bolivia y del Departamento de Potosí, y poner en vigencia las ideas del anterior prefecto, quien había programado y proyectado realizar ese desvío interno, con la canalización técnica que correspondía hacerlo para hacer posible la instalación de una empresa embotelladora de agua, y para realizar estanque de cría de peces, que no se han realizado. Por ello preguntamos: ¿Por qué no se ha llevado a efecto esa decisión política? Porque sabemos que se devolvió la asignación presupuestaria por no haber realizado los gastos correspondientes, todo porque no se había cumplido con lo planificado por la Gobernación.
Por ello que consideramos que ese hecho era una posición simplemente demagógica que asumió la Gobernación para acallar a Potosí. Ahora, si bien se ha planteado acudir ante La Haya, como se ha hecho con el problema del mar, empero, vale recordarles a las autoridades del gobierno central y departamental que tenemos el derecho de tomar la decisión de adelantarnos con el desvío canalizado de las aguas del Silala hacia nuestro Departamento, con el fin de presentar precedente de nuestra soberanía sobre esas aguas y realizar las obras antes mencionadas, porque lo contrario es seguir tomando una posición pasiva ante la agresión chilena, que sabe de nuestra indecisión y nuestra cobardía leguleya, que espera se resuelva este asunto por otros, antes de sentar soberanía conforme a nuestro derecho, porque el pretexto de la Cancillería, que ha surgido del gobierno, es que exige grandes obras de construcción para contar con una represa, siendo que hoy conocemos que puede efectuarse con una técnica de succión más sencilla para el desvío de las aguas para los fines indicados. Por lo que debe exigirse ese estudio a los técnicos de la Universidad, que hasta ahora no han dicho nada.
