Como era de esperarse, la comisión mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional no encontró ningún indicio de tráfico de influencias en la contratación de obras del Estado con la empresa china CAMC y sólo identificó algunas irregularidades en el caso de la construcción de la vía férrea Bulo Bulo-Montero que apuntan a exautoridades de Obras Públicas.
El informe final no sorprende a nadie debido a que, por una parte, la comisión está integrada por una mayoría de legisladores oficialistas quienes, por otra parte, anticipaban su criterio de que no había indicios que involucraran al presidente Evo Morales en el caso cada vez que eran entrevistados por la prensa.
Sin embargo, el hecho de que la exculpación haya sido anticipada no minimiza el impacto por la actuación de los asambleístas quienes, como también se anticipó, no investigaron si hubo o no tráfico de influencias sino que es esforzaron en demostrar que el presidente no estaba involucrado.
Por lo tanto, los congresistas que formaron parte de dicha comisión no cumplieron con sus labores específicas, que son fiscalizar, legislar y gestionar, sino que se dedicaron a encubrir al primer mandatario o, por decir menos, a demostrar una actitud de evidente y vergonzoso servilismo.
Es la misma actitud que asumieron ministras y ministros que, desde que estalló este caso, se desvivieron por justificar las acciones del presidente, más allá de si estas hayan sido legales o no. Como parte de ese servilismo, se criticó la actitud asumida por la prensa que le dio importantes espacios a un caso que, según ciertos ministros, está en la esfera del derecho privado y no le interesa a la opinión pública.
La cobertura del denominado “caso Zapata” se debe a que se ha hecho la denuncia de un posible tráfico de influencias debido a la relación amorosa que hubo entre el Primer Mandatario y una ciudadana de ese apellido y de la cual hubo un hijo, y no por la relación como tal.
La acusación se sustenta en que la ciudadana en cuestión ha sido ejecutiva, sin mayores méritos profesionales, de la empresa china Camce que se ha beneficiado con la adjudicación de contratos del Estado por alrededor de 550 millones de dólares.
De ahí que en la cobertura de este caso se insiste en que la ciudadana fue pareja del jefe de Estado y tuvo un hijo de él, porque ése es, precisamente, el sustento de la acusación de tráfico de influencias.
Sin embargo, varias autoridades y sus oficiales y oficiosos voceros critican esa elemental referencia, sosteniendo que respondería a un insano deseo de “dañar” al primer mandatario. Es tan poco profesional esta acusación que se puede inferir que se trata de desviar la atención ciudadana del tema de fondo, tratando de que un caso de presunto tráfico de influencias sea convertido en un “culebrón” sensacionalista.
Por lo demás, bien harían en comprender las autoridades que el daño inferido a la imagen presidencial ha sido provocado por ellas mismas por el servilismo indigno en que ha caído con ese propósito.
Por lo señalado, mientras no se dilucide en forma trasparente este caso, la referencia a la exenamorada del Presidente del Estado se mantendrá en la agenda pública, si de buen periodismo se trata.
