El 3 de mayo de cada año se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión, jornada dedicada a recordar la importancia de proteger los derechos fundamentales que son la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Aunque algunas personas los confunden, y existen similitudes entre ellos, la verdad es que libertad de expresión y libertad de prensa son derechos que tienen diferencias entre sí.
La libertad de expresión es general, porque concierne a todas las personas, sin importar su condición, ocupación u oficio, y es el derecho a expresar lo que piensa una persona sin más restricciones que las establecidas por ley. La libertad de prensa, en cambio, es sectorial porque está limitada a los periodistas y quienes forman parte de sus gremios. Esta última consiste en el derecho a publicar informes y opiniones a través de los medios de comunicación social en el marco de lo permitido por la ley.
Además de la temática general, cada año se pone énfasis en algún aspecto de la causa. Este año, la temática central elegida por la organización Reporteros Sin Fronteras es el derecho universal de acceso a la información pública. Alrededor de esa causa se organizan en todo el mundo diferentes campañas y actividades con el principal objetivo de que no sean sólo los directamente involucrados con la causa, como periodistas y medios de comunicación, sino la ciudadanía en general la que refuerce sus convicciones sobre el derecho colectivo a conocer toda la información relativa a la manera como los gobiernos administran los bienes públicos y toman sus decisiones al respecto.
En lo que a nuestro país corresponde, lamentablemente la ocasión no se presta a grandes celebraciones sino, por el contrario, a confirmar un temor que se acrecienta con cada año que pasa. Es que, por octavo año consecutivo, nuestro país ha seguido cayendo en todos los parámetros aplicados para evaluar el estado de la libertad de prensa.
Al referirse al tema, el más reciente informe de Reporteros Sin Fronteras afirma que “en Bolivia los medios de comunicación tienen un fuerte incentivo para evitar hacer comentarios negativos del Gobierno o del presidente Evo Morales. En virtud del Decreto Supremo 181 (aprobado en 2009), la publicidad oficial no se otorga a los medios de comunicación que “mienten”, “hacen política” u “ofenden” al Gobierno.
Eso significa que entre los medios de comunicación social prima la autocensura; es decir, la decisión, generalmente tomada desde los niveles directivos, de no publicar informaciones que molestarían al gobierno con el fin de que este no corte la publicidad o, si ya lo hizo, que vuelva a contratarla. Se trata, desde luego, de una actitud alejada de toda ética pero que puede apreciarse actualmente debido a que la mayoría de los medios necesitan de la publicidad oficial para subsistir.
Esa actitud atenta directamente contra la libertad de prensa y baja la puntuación de nuestro país en el contexto internacional aunque, para el gobierno, no sean más que simples "pataleos de la derecha".
