Tal como viene ocurriendo desde hace diez años, cuando el por entonces flamante gobierno del Movimiento al Socialismo daba sus primeros pasos y escogió esta fecha para ejecutar la mal llamada “nacionalización” de los hidrocarburos, el 1 de Mayo ha sido la fecha elegida para aprobar una serie de medidas presentadas como muestras de la “profundización del proceso de cambio”. Y como en similares circunstancias en los tres últimos años, los anuncios no han estado a la altura de las expectativas que los precedieron.
En efecto, el acto oficial por el Día del Trabajo realizado en Palacio de Gobierno, ha quedado muy deslucido por relativa irrelevancia de los “regalos” con que el Gobierno agasajó a los trabajadores en su día. De los siete decretos promulgados, los tres más importantes fueron el incremento salarial, la aprobación del uso de dinamita en manifestaciones públicas y el traslado a lunes de los feriados cuyas fechas sean en domingo.
De ellos, el más controvertido es el relativo a la derogación del Decreto Supremo 1359, aprobado el 26 de septiembre de 2012, que prohibía la tenencia y uso de dinamita en manifestaciones callejeras.
Los otros decretos promulgados consisten en establecer modificaciones al Decreto 0181, aprobado el 28 de junio de 2009, referente a las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios; en modificar el sistema de otorgación de autorizaciones previas, en sustitución del permiso de importación de alimentos y bebidas. Otro decreto establece que el Ministerio de Desarrollo Productivo otorgará autorizaciones previas para la importación de productos. Finalmente, el último Decreto promulgado se refiere a la escala salarial de los servidores o funcionarios públicos de los Órganos legislativo, Ejecutivo, Electoral, Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, instituciones de control, de Defensa de la Sociedad y del Estado, entidades desconcentradas y descentralizadas.
Como es fácil constatar, las siete medidas no hacen más que confirmar que hace ya tres años en Bolivia concluyó, esperemos que definitivamente, la tendencia a transferir empresas productivas al control estatal. Un giro que resulta de lo más positivo si se considera que las experiencias acumuladas indican que el Estado no es el mejor administrador de empresas y por consiguiente no tiene ningún sentido perseverar en una fórmula que no dio los resultados esperados.
Es verdad que, a pesar de ello, se mantiene muy presente en los discursos gubernamentales la retórica anticapitalista pero, como los hechos lo confirman, ya son sólo palabras carentes de sustento práctico. Y si todavía hay sectores sociales que de vez en cuando agitan la consigna de nuevas nacionalizaciones, ya no son más voces aisladas que van a contracorriente de los nuevos rumbos. Es el caso, por ejemplo, de quienes proponen en nuestra región la estatizaciòn de empresas como Coboce o la Planta Industrializadora de Leche (PIL).
Ante tales circunstancias, lo que cabe es esperar es que los esfuerzos se concentren en el perfeccionamiento de los lazos de cooperación y complementación entre el sector público y privado.
