La correcta decisión presidencial de no mezclar el tema de la estrategia marítima del Gobierno, cuyo instrumento fundamental es la demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en contra de Chile, con la política sectaria doméstica y que ha generado un contundente apoyo de la ciudadanía, ha sufrido un peligroso traspié.
Se trata del desaire que han dado el presidente del Estado y el ministro de relaciones exteriores al vocero oficial de la comisión responsable de llevar adelante el proceso ante La Haya, el expresidente Carlos Mesa —y que en tal papel cumplió una de las actividades que dio mucho rédito político y mediático, tanto interna como internacionalmente, a la estrategia nacional—, al excluirlo de la reunión de los miembros (nacionales y extranjeros) de la comisión que se realizó en Santa Cruz y minimizar su aporte.
Como es posible inferir, esa actitud sería una especie de represalia por la declaración que hizo el exmandatario expresando su desacuerdo con la propuesta de modificar la Constitución Política del Estado para permitir un nueva reelección continua de los actuales mandatarios y, secundariamente, sostener que hubo decisiones políticas adoptadas antes del arribo al poder del actual mandatario que viabilizaron el proceso que éste dirige desde 2006. Es decir, y más allá de las explicaciones oficiales, el Primer Mandatario ha caído lamentablemente en la tentación de utilizar la estrategia marítima en función de sus intereses político-sectarios, actitud que, hay que señalar, muchos de sus colaboradores le sugerían desde hace algún tiempo.
Se trata sin duda de una posición errada. De hecho, una noticia de esta naturaleza será muy bien recibida por las autoridades que dirigen la política internacional chilena, que no salen de su asombro por el respaldo que ha tenido la estrategia marítima por parte de la población y, especialmente, de los diferentes líderes políticos que, con muy pocas excepciones (coincidentemente, registradas en tiempos de campaña electoral), decidieron apoyar al Gobierno en este específico punto, consenso que no se produjo en la larga historia de negociaciones entre ambos países. Es más, ese casi unánime apoyo es un factor que ha legitimado nuestra demanda.
Adicionalmente, las autoridades de gobierno deberían percibir que mantenerse en un error como el cometido en el sensible tema de nuestra política marítima puede provocar profundos sentimientos de frustración en la gente que, como sucedió en el pasado, abonan a un paulatino proceso de deslegitimación.
Por eso, la magnitud que tiene el proceso ante La Haya obliga, por un lado, a que el Presidente del Estado —evidentemente agobiado por una serie de denuncias que no han recibido una adecuada explicación por parte del oficialismo— reponga su acertada decisión de no mezclar mar con política interna y reincluya, como corresponde, al vocero oficial en la Comisión, y, por el otro, si eso ocurriere, que éste, en la medida en que el proceso en La Haya trasciende los meandros de la política interna, siga aportando como lo ha hecho hasta ahora. Aún hay tiempo para ello.
