Una vez más, el Gobierno venezolano ha lanzado una peligrosa provocación al cerrar su frontera con Colombia, expulsar a ciudadanos de ese país sin consideración alguna y, de acuerdo a denuncias, destruir sus viviendas. Hasta el cierre de esta edición, más de mil colombianos — hombres y mujeres, adultos y niños— ya han sido expulsados, con una agravante adicional: han separado familias estructuradas.
El Gobierno colombiano ha reaccionado con prudencia, pese a los costos políticos que esta actitud puede tener. Más aún si el exmandatario Álvaro Uribe aprovecha estas circunstancias para impulsar confrontaciones que, como siempre sucede, fácil es de provocarlas, pero muy difícil terminarlas.
La razón aducida para semejante despliegue de fuerza es el ataque a tres militares venezolanos, presumiblemente por ciudadanos colombianos, pretexto que, siendo sin duda condenable, no justifica de ninguna manera la violencia utilizada. De ahí que es posible inferir que más bien la razón radica en la situación interna venezolana en la que el Gobierno pierde cada vez más apoyo ciudadano y camina hacia una derrota en las elecciones legislativas que se realizarán el próximo mes de noviembre.
Hasta ahora pareciera que el acoso sistemático en contra de toda disidencia no ha provocado un cambio de tendencia. Es decir, la ilegal inhabilitación de candidatos de la oposición, la negativa a que en esas elecciones hayan observadores internacionales o el permanente ataque a los pocos medios de información independientes que aún funcionan en ese país, no logran revertir el creciente rechazo de los venezolanos a seguir bajo el Gobierno de una cúpula militar-familiar que se quiere prorrogar sine díe en el ejercicio del poder.
En ese contexto, buscar un enfrentamiento internacional podría reunificar fuerzas a su alrededor o, como ya se ha denunciado, postergar los comicios aduciendo la defensa de las fronteras y la soberanía nacionales. De hecho, mantener un enemigo externo es una de las estrategias preferidas de varios Gobiernos del modelo del socialismo del siglo XXI, que lo han identificado como Estados Unidos. De tanto abusar esta figura ha caído en desuso (además, por el proceso de normalización de relaciones entre ese país y Cuba), por lo que se requiere uno nuevo, y surge Colombia. No hay que olvidar, además, que en forma previa Venezuela activó roces con el Gobierno de Guyana, país con el que mantiene un antiguo diferendo geográfico.
Pero, cualquiera sea la táctica que los gobernantes venezolanos usen para prorrogarse en el poder, América Latina debería reaccionar con determinación. Nada justifica que países vecinos se enfrasquen en procesos de violencia, y quienes los buscan deberían ser severamente sancionados. Lamentablemente, la polarización a la que se ha conducido a la región hace difícil impulsar una acción mediadora como sería de desear.
Ante esta peligrosa situación, los países que están interesados en preservar la paz y la democracia en la región, deben seguir con atención el encuentro que fue progrtamado entre las cancilleres de ambos países, y ayudar a que surjan acuerdos de distensión y normalización de relaciones, sabiendo, además, que el tiempo corre en perjuicio de la paz.
EDITORIAL
Otra polémica medida en Venezuela
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