Bolivia enfrenta un escenario cada vez más complejo en el sector hidrocarburífero debido a la reducción sostenida de sus reservas de gas natural. Un análisis de la Fundación Milenio advierte que el país cerró 2025 con apenas 2,30 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas probadas, el registro más bajo de las últimas dos décadas y muy lejos de los 10,7 TCF reportados en 2017.
El documento, elaborado por Jorge Gumucio, exviceministro de Planificación y Desarrollo Energético y exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), señala que la última certificación publicada por YPFB, el 13 de noviembre, también establece 2,76 TCF de reservas probables y 3,24 TCF de posibles, con datos al 31 de diciembre de 2025.
Sin embargo, el informe advierte que la disminución no puede atribuirse exclusivamente a la extracción de gas, sino también a las diferencias entre las metodologías utilizadas por las empresas certificadoras. En ocho años se realizaron cinco certificaciones a cargo de cuatro firmas, cuyos resultados presentan variaciones que, según el análisis, todavía generan interrogantes.
“Las reservas son cada vez menores, la producción cayó a la mitad y la metodología y el alcance de trabajo de cada certificadora dejan más preguntas que respuestas”, señala Fundación Milenio.
Como antecedente, el documento recuerda que Sproule certificó 10,7 TCF en 2017, mientras que el Equipo Técnico Independiente (ETI), en un análisis presentado dos años después, calculó que las reservas probadas llegaban a 5,58 TCF. La diferencia de 5,12 TCF fue atribuida a aspectos técnicos, entre ellos la contabilización de volúmenes agregados, reservas no desarrolladas sin planes de inversión y la falta de consideración del avance del agua en los megacampos.
Para la fundación, estos antecedentes ponen en duda la confiabilidad de algunas estimaciones iniciales. “La producción explica el descenso natural. Las revisiones plantean dudas sobre la veracidad de las cifras de partida”, sostiene.
Menos producción y menos inversión
El análisis también advierte que contar con reservas certificadas no significa que todo ese volumen pueda convertirse inmediatamente en gas comercializable. La capacidad de extracción está condicionada por la presión de los reservorios, el ingreso de agua, los pozos disponibles y la infraestructura de compresión.
Esta situación se refleja en la caída del gas destinado a la venta, que pasó de 2.095 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) en 2014 a 965 MMpcd en 2025, una reducción del 54%. Solo en el último año, el volumen disminuyó en más del 13%.
A este panorama se suma la contracción de las inversiones en exploración y explotación. De los $us 1.229 millones registrados en 2014, se pasó a $us 393 millones en 2025. Para 2026, YPFB proyecta una inversión de apenas $us 155 millones.
Fundación Milenio estima que hasta 2030 Bolivia podría producir aproximadamente el 54% de sus reservas probadas actuales, equivalente a 1,25 TCF, un volumen que evidencia las limitaciones para sostener la oferta nacional de gas.
“Sin inversión, el gas certificado tampoco sale al ritmo que el mercado necesita”, advierte el estudio.
Reformas para atraer inversiones
Frente a este escenario, la Fundación Milenio considera que la nueva Ley de Hidrocarburos, cuyo proyecto el Gobierno prevé remitir a la Asamblea Legislativa antes de finalizar el año, debe introducir modificaciones para recuperar el interés de los inversionistas y fortalecer la actividad exploratoria.
Entre sus principales propuestas plantea revisar el régimen fiscal, establecer precios que incentiven la inversión y garantizar mayor transparencia en los procesos de certificación de reservas.
Sobre la carga tributaria, cuestiona el peso de las regalías, participaciones e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), además de la participación de YPFB en los contratos. De acuerdo con una estimación de Daniel Johnston & Co., la participación estatal en los ingresos del sector, conocida como Government Take, se aproxima al 93%, situación que, según el análisis, desincentiva la exploración y el desarrollo de campos maduros.
También observa el desfase entre el precio del gas destinado al mercado interno, cercano a $us 1,3 por millón de BTU, y su cotización internacional, que ronda los $us 9. Por ello, propone establecer condiciones de precios que permitan atraer capitales para desarrollar nuevos volúmenes.
En cuanto a la certificación, plantea uniformar los criterios técnicos de las evaluaciones anuales y establecer la obligación de que YPFB publique los informes completos, con información desglosada por campo y categoría de reservas.
El documento agrega que YPFB y el Ministerio del área calculan que se requieren $us 440 millones de inversión inmediata para producir gas de reservorios ya descubiertos y otros $us 1.660 millones para desarrollar nuevas actividades de exploración.
“La pregunta ahora es si los cambios de una nueva ley llegarán a tiempo, de modo que las inversiones ocurran antes que el gas importado”, concluye el análisis.
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