En un tiempo de cuatro meses, el Gobierno aumentó de 1.000 millones a 9.000 millones de bolivianos el monto de los recursos autorizados para cubrir los diferenciales de precio de la importación del rubro de carburantes, que le permiten sostener su política de precios de combustibles en el mercado interno.
Mediante el Decreto Supremo 5778 del 19 de noviembre, se elevó a Bs 9.000 millones el monto máximo de recursos que el Tesoro General de la Nación (TGN) podrá asignar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para cubrir la diferencia de costos.
El monto autorizado fue ampliado progresivamente. Inicialmente, el Decreto Supremo 5652 de julio estableció un límite de Bs 1.000 millones. Posteriormente, el Decreto 5683 elevó esa cifra a Bs 2.000 millones y el Decreto 5705 la incrementó hasta Bs 6.000 millones.
La disposición establece que, a solicitud de YPFB, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas efectuará la asignación de recursos mediante un registro presupuestario a través de un formulario específico.
El decreto argumenta la necesidad de mantener las medidas de estabilización de los precios de los productos derivados del petróleo, en el contexto económico actual, y garantizar los recursos necesarios para el abastecimiento de combustibles en el territorio nacional.
El aumento de este monto se registra en un contexto donde se mantiene la subvención a la gasolina, lo cual genera una carga fiscal cuando la renta del gas ha declinado, así como sus reservas.
En este escenario, la posibilidad de levantar la subvención de la gasolina ha generado polémica, puesto que quitar los subsidios forma parte del programa económico acordado con el FMI, pero hay sectores que rechazan esa medidas por el impacto social que conllevaría.
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