El ministro de Educación, Erick Sanjinés, cuestionó este jueves las movilizaciones del Magisterio Urbano y sostuvo que detrás de sus demandas existen intereses políticos. Como argumento, señaló que los planteamientos de sus dirigentes coinciden con los mensajes del expresidente Evo Morales y de otros sectores sindicales.

“Los argumentos que están siendo utilizados por la dirigencia (del Magisterio) coinciden con los mensajes que vienen del expresidente (Evo Morales) desde el Chapare, también desde la Federación de cocaleros y también con los argumentos de la COB”, declaró la autoridad en una entrevista con Cadena A.

Sanjinés lamentó que, a su criterio, los intereses políticos estén desplazando el debate educativo. “En la educación oprimen los criterios políticos y no los educativos”, manifestó.

Pese a las diferencias, el Ministro aseguró que su despacho busca establecer un acercamiento con los maestros urbanos y que solicitó la mediación de la Defensoría del Pueblo para instalar una mesa de diálogo. Según explicó, las invitaciones ya fueron cursadas y se aguarda una respuesta del sector movilizado.

El pedido de diálogo se produce después de que el Gobierno alcanzara el miércoles un acuerdo con el Magisterio Rural, con la intermediación de la Defensoría, para suspender el anteproyecto de ley que plantea transferir la administración de los institutos técnicos y tecnológicos a las gobernaciones.

El entendimiento contempla una evaluación integral y participativa de la propuesta mediante mesas técnicas regionales, además de ratificar el carácter único, fiscal y gratuito de la educación, el respeto al escalafón docente y el fortalecimiento de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros, sin transferirlas a las universidades.

Sin embargo, el Magisterio Urbano rechazó el acuerdo y anunció que continuará con sus protestas hasta que el anteproyecto sea retirado definitivamente. El sector cumple una semana de huelga de hambre, con más de una decena de piquetes, además de marchas, paros y otras medidas de presión.

Los dirigentes urbanos exigen que el Gobierno desista de la propuesta de descentralización y garantice la continuidad de la educación pública y gratuita, al considerar que la iniciativa abre la posibilidad de privatizar el sistema educativo.

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